Cooperación descentralizada

Que los máximos responsables de la cooperación autonómica de toda España, junto a altos directivos de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), vengan a Alicante a trabajar y dialogar sobre el futuro de estas políticas es un mérito de Manuel Alcaraz, como conseller en esta materia, así como del director general de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, Federico Buyolo. Ambos, pertenecientes a distintas fuerzas políticas, son un buen ejemplo de cómo este gobierno del Botánico, bajo la presidencia de Ximo Puig, ha conseguido buenos equipos en torno a múltiples áreas relevantes que han priorizado el interés de una acción política al servicio de los ciudadanos, sin ruidos ni discusiones estériles de puertas hacia fuera, como las que por desgracia hemos vivido en el Ayuntamiento de Alicante.

Pero además, como algunas de las comunidades participantes expresaron, esta undécima Conferencia de Alicante tiene mucho de reconocimiento al magnífico trabajo que en materia de Cooperación y Solidaridad se está llevando a cabo por la Generalitat, a pesar de haber recogido una lamentable herencia del PP, no solo desde la perspectiva técnica, presupuestaria y de ejecución, que era desalentadora, sino por haber llevado a la cooperación valenciana al mayor descrédito posible, con sus máximos responsables políticos y técnicos en prisión por corrupción y con varias causas más pendientes. He sido testigo de cómo, en lugar de utilizar la archiconocida «herencia recibida», tanto Alcaraz como Buyolo optaron por no hacer uso de ella, actuando mediante la eliminación del tejido cicatrizante, desinfectando y al mismo tiempo poniendo las bases de una nueva estrategia política y técnica para las políticas de cooperación valenciana que han colocado a esta comunidad al nivel de otras regiones en esta materia, obteniendo una credibilidad y un prestigio que merecen destacarse.

En los últimos años, han emergido en el espacio mundial instituciones subestatales con una presencia cada vez mayor, aportando una experiencia cualificada en temas como la cooperación al desarrollo, impulsando redes de hermanamientos, proyectos de solidaridad y desarrollo en países y comunidades del Sur. Con el tiempo, actores como las comunidades autónomas y las administraciones locales han sabido identificar de manera certera espacios de ventaja comparativa con vínculos transnacionales muy valiosos, promoviendo enfoques alternativos a la ayuda al desarrollo tradicional, con ideas, propuestas e intervenciones de gran eficacia, impulsando un diálogo muy intenso con las ONG y la sociedad civil.

De esta forma, frente a una ayuda al desarrollo que a nivel estatal languidece, liderando el mayor retroceso mundial que se ha producido entre los veintinueve países donantes de ayuda, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han sido capaces de mantener la prestación de servicios esenciales bajo sus competencias, cumpliendo con sus objetivos de déficit y dando respuesta también a las obligaciones que España tiene a nivel internacional en estas políticas internacionales. Pero lo que es más importante, están siendo capaces de entender la necesidad de afrontar problemas mundiales ante los que se necesitan también respuestas globales, haciendo realidad un impulso ético y humanitario que nuestra sociedad, en sus distintos espacios territoriales, tiene.

Con frecuencia, cuando se viven catástrofes humanitarias, hambrunas o muertes, como las que desgraciadamente vemos en el Mediterráneo motivadas por las migraciones forzosas y la crisis de refugiados en países en guerra, se menciona de inmediato la necesidad de una mayor solidaridad que impida estos dramas humanos. Tanto es así que, cuando se han venido registrando importantes tragedias en el mundo, la sociedad española ha destacado siempre por encontrarse entre las más generosas para ayudar a organizaciones humanitarias y atender a las víctimas. Estas políticas no solo dan respuesta a ello, sino que sobre todo pretenden poner las bases para que poblaciones empobrecidas superen sus vulnerabilidades extremas, interviniendo sobre algunos problemas esenciales que tiene la Humanidad, que nos producen un enorme dolor y ante los que no podemos permanecer indiferentes. Pero no solo como imperativo ético, ni siquiera de forma egoísta para aplacar nuestra conciencia, sino porque la comunidad internacional ha acordado hacerlo así mediante numerosos acuerdos adoptados en Naciones Unidas y suscritos por todos los países, entre ellos España, siendo la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los últimos.

Comunidades autónomas y ayuntamientos en España están evitando el desplome de la cooperación estatal, impulsando importantes avances, así como un renovado empuje a la solidaridad internacional, la misma que echamos en falta cuando vemos en los medios de comunicación tanto sufrimiento causado por esos gigantescos dramas humanos. Y todo ello, además, desde las particularidades y valores específicos de cada región para construir una ciudadanía global.