La Ley de Presupuesto es, sin duda, la más importante que confecciona el Gobierno español, puesto que determina su política en la mayor parte de los ámbitos, además de ser la base sobre la que se moverá la economía del Estado. Es por ello que los presupuestos deberían ser materia de debate, pero también de búsqueda del máximo consenso para fortalecer el crecimiento económico y social. En cambio, en España, se convierten por sistema en un arma arrojadiza entre los partidos políticos que están en la oposición contra los que gobiernan, independientemente de su color.

La Ley de los Presupuestos Generales para este año todavía no ha sido aprobada ni sabemos cuándo se aprobará, por lo que habrá que funcionar con la prórroga de los anteriores. Esto no debería significar para el Gobierno nada en especial desde el punto de vista financiero, aunque sí desde el político por su incapacidad para conseguir acuerdos con el resto de fuerzas parlamentarias. Esta imagen de desencuentro permanente que se transmite a los ciudadanos es una muestra de la falta de sentido común de nuestros representantes públicos, que no son capaces de aprobar, antes de que se inicie el año natural, unos presupuestos que ayuden a cumplir sus respectivos programas electorales, dejando en manos de los partidos minoritarios o nacionalistas la posibilidad de que se puedan aprovechar de esta situación coyuntural para llevar a sus territorios unas inversiones mayores a las que les correspondería en condiciones normales, provocando, de entrada, una discriminación con el resto de los ciudadanos y territorios de España.

Se les llena la boca a los dirigentes políticos de la falta de mejoras en política social, pero no tienen en cuenta que lo que mejor corrige las desigualdades sociales es impulsar el creciendo económico que está viviendo el país en los últimos años, el cual está por encima de la media de los países de la Unión Europea, con el objetivo de generar hasta un millón y medio de nuevos empleos, imprescindible para alcanzar el deseado equilibrio presupuestario y el sostenimiento del sistema actual de pensiones.

El crecimiento sostenible de la economía española se debe, fundamentalmente, al aumento de la rentabilidad de nuestros sectores productivos, que se ha basado en buena parte en los resultados de la reforma laboral de 2012. Vivimos en un proceso de crecimiento con unas bases frágiles todavía, por lo que si ahora se producen subidas salariales de empleados públicos y pensionistas en general, se va a alterar el orden lógico de las retribuciones salariales, que deben estar en relación con la productividad de los trabajadores, ya sean públicos o privados. En caso contrario se producirá una fractura entre ambos colectivos como ya ocurrió a principios del presente siglo. No es que cuestione la subida de los sueldos públicos en los Presupuestos Generales del Estado, pero las retribuciones deben ir acompañadas de una escala de cumplimiento de objetivos en cuanto a productividad se refiere.

Por tanto, la solidez del mercado laboral es una pieza clave en la redistribución de la renta, por lo que es necesario pasar del empleo precario al sostenible. Esta transformación tiene una dificultad estructural en la Comunidad Valenciana, donde la mayor parte del empleo procede del sector hostelero, de la construcción y de sectores industriales vinculados a la moda, que tienen un carácter temporal. Esta circunstancia provoca que los datos de cualquier ratio o comparativa de valoración de pobreza o exclusión social, en términos estadísticos, sean superiores en al menos cuatro puntos a la media española.

En el caso de las pensiones, es bueno que se actualicen, pero dentro del marco del Pacto de Toledo, en el que están representadas todas las fuerzas políticas y sociales del país, para que no puedan servir a intereses partidistas. No olvidemos que en 2012, cuando se hablaba de rescate a España por parte de la Unión Europea, una de las recomendaciones consistía en realizar una bajada de las pensiones del 10%. Ahora queremos que se suban a todos y cuanto más mejor.

Continuando con el tema de los presupuestos, podemos concluir que son cortoplacistas, pensados nuevamente para obtener unos determinados resultados en los próximos comicios electorales, locales y autonómicos, con carácter especulativo para contentar a los electores, en lugar de proyectarlos a largo plazo, con intención de bajar la deuda pública actual que ronda el cien por cien del PIB (98,30%). Recordemos que en los felices 2008, la deuda pública estaba por debajo del 40%, y que si queremos cumplir el pacto de estabilidad y crecimiento de la UE, hay que lograr que la deuda se sitúe en el 60%, objetivo que, al actual ritmo, nos llevaría varias décadas (el gobernador del Banco de España dixit).

Según se prevé en los PGE, habrá un récord de recaudación este año que debería destinarse o bien a reducir la deuda pública o bien a invertir en I+D+i, cuya partida representa un escaso 2% y que llegado el caso podría no ejecutarse como ya ha ocurrido en otros ejercicios como el 2017.

En conclusión, si queremos proteger las pensiones futuras y mantener el nivel de prestaciones sociales a largo plazo, todos nuestros representantes políticos deben hacer un ejercicio de responsabilidad para aprobar unos presupuestos que tengan las miras puestas en los próximos diez años, no en las próximas elecciones. La dificultad es mayor debido a que el Gobierno está en minoría, y sus presumibles socios pretenden acceder al poder por encima de los intereses de sus propios votantes.

Para cerrar este artículo creo que viene a colación esta frase del escritor estadounidense, fallecido recientemente, Wayne W. Dyer: «El progreso y el desarrollo son imposibles si uno sigue haciendo las cosas tal como siempre las ha hecho».