A pesar del escaso eco que tuvo en España el reciente viaje a Argentina del presidente del Gobierno, las imágenes que pudieron verse de Mariano Rajoy durante el homenaje a las víctimas de la dictadura Argentina -acto que son invitados a realizar todos los altos mandatarios que visitan aquel país- debieron suponer un amargo trago para el presidente del Partido Popular. La cara de circunstancias de Rajoy al lanzar flores al Río de la Plata en recuerdo de las miles de víctimas vivas o muertas que fueron tiradas desde aviones en los llamados «vuelos de la muerte», resumió por sí sola la falta de empatía del presidente no solo respecto a los miles de desaparecidos y asesinatos que se produjeron durante la dictadura argentina sino también por las víctimas españolas del franquismo. Los motivos son varios.

En primer lugar hay que resaltar que en la derecha española ha sido tradicional una tibia condena de las dictaduras chilena y argentina. Tibia condena que incluso en ocasiones ha llegado a ser de plena justificación por un supuesto conflicto que nunca existió entre dos bandos, es decir, como si en Chile y Argentina hubiese habido también una guerra civil como en España. Una guerra civil que al suceder -según sostienen los ultraliberales españoles- tuvo como inevitables consecuencias miles de desaparecidos, centros de tortura y robos de bebés recién nacidos. Una torpe disculpa para pretender enmascarar los golpes de Estado y dictaduras militares que asolaron Latinoamérica en el siglo XX para acabar con los movimientos sociales por la justicia y la igualdad que surgieron en Latinoamérica desde los años 60 como algo inevitable que ocurrió tras esa supuesta guerra civil y que sirvió para terminar con las molestas -según ellos- manifestaciones masivas que exigían pan y libertad y que, en cualquier caso, fueron motivadas por luchas fratricidas. Cualquier argumento parece válido menos asumir lo evidente: que fueron dictaduras militares represoras que pretendieron acabar con cualquier intento de crear sociedades más justas donde la voluntad del pueblo limitase la intromisión de países extranjeros en la política interna.

En segundo lugar, caber recordar que el Partido Popular se niega a reconocer la historia. Ni siquiera ha sido capaz de condenar de manera taxativa el golpe de Estado de 1936 en España. Fruto de ello es que en España siga habiendo miles de cuerpos enterrados que exigen ser desamordazados y regresados del olvido. A pesar de que la maquinaria franquista trató de hacer desaparecer la memoria de los fusilados y enterrados en cunetas de media España, su recuerdo y su presencia permaneció gracias a sus familias y a la oposición al franquismo. Una de las primeras medidas de Mariano Rajoy en su estreno como presidente del Gobierno fue vaciar de recursos la Ley de Memoria Histórica en lo relativo a las ayudas públicas del Estado que se concedían, gracias a esta ley, a familiares que pedían localizar y desenterrar los cuerpos de sus ascendientes.

Y en un tercer lugar no hay que olvidar que las sociedades se fundamentan y se explican por la gestión que hacen de su historia. Si una parte de esta es objeto de permanente olvido y de tergiversación por aquellos que se sienten herederos del franquismo, difícilmente se podrá pasar página de manera definitiva. Al negarse a hablar de la represión franquista es inaceptable e incomprensible que el PP pretenda convertirse en adalid de la defensa de la democracia en Venezuela. Antes de exigir la democracia fuera su país debería el PP completarla en España.

Con la disculpa de que si se recuperasen los cuerpos solicitados por sus familiares se removería el pasado y, por tanto, podría generarse una nueve fuente de conflicto, la derecha española no ha tenido nunca un mínimo gesto veraz hacia los represaliados por el franquismo. Es decir, que aunque los familiares de los desaparecidos se hayan hartado de explicar que no pretenden echar en cara a nadie que sus familiares fueran perseguidos y asesinados durante la dictadura franquista sino únicamente dales una sepultura digna, el Partido Popular con Rajoy a la cabeza pretende que aquellos que piden ayudas económicas y permisos para poder desenterrar a sus familiares vayan desapareciendo poco a poco y con ello termine este engorroso -para ellos- problema de las fosas del franquismo.

En una entrevista que Jordi Évole hizo a Mariano Rajoy en el año 2016 en el programa Salvados, le preguntó Évole sobre los aproximadamente 114.000 cuerpos de españoles que permanecen enterrados en cualquier parte y sobre el derecho de sus familiares a saber dónde están. Dijo Rajoy que no tenía claro que eso fuera verdad y que, en cualquier caso, poco podía hacer el Gobierno por arreglarlo. Sin embargo, hace unos días Rajoy escribió lo siguiente en el libro de honor del Parque de la Memoria, monumento argentino a los miles de desaparecidos durante la dictadura argentina: « Mi testimonio de admiración y reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos». Sin comentarios.