Tengo a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por una persona cabal desde que nada más conocerse que iba a ocupar el cargo, acalló en público a un correligionario que protestó porque la dirigente de Compromís no empleó el valenciano. «Esa no es la prioridad», vino a decir Oltra. La anécdota tuvo lugar en Alicante, concretamente en el Club INFORMACIÓN. Era su primer acto público tras las elecciones, antes, incluso, de firmarse el Pacte del Botànic. A renglón seguido, subrayó que, tras dos décadas de gobiernos del Partido Popular, sus «emergencias» apuntaban (y se supone que aún lo hacen) hacia lo social y lo democrático. Estábamos en junio de 2015.
Una entidad social de Alicante, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, se ha quedado fuera de un programa de ayudas tutelado por Oltra. Por fortuna para ellas, no han corrido la misma suerte las instituciones homólogas de Valencia y Castellón, y aunque, a preguntas de este periódico, la ayuda económica al colectivo llegará de un modo u otro y no parece que al final vaya a producirse el agravio, la justificación expuesta por la vicepresidenta es algo inquietante. La asociación se quedó sin la subvención porque así lo indicó un algoritmo. Ojo con los algoritmos, que los carga el diablo.
Es muy probable que el «algoritmo objetivo» que resuelve si personas físicas o jurídicas están en disposición de recibir ayudas públicas determinara la decisión más recomendable. Así son los principios básicos de economía, crueles y antipáticos. Lo que no es tan aconsejable es que una hoja de cálculo determine las iniciativas sociales; se corre el riesgo de que las «emergencias democráticas» las resuelva una operación matemática, fría y sin alma, y se arriesga uno a deshumanizar la política y a asemejarse a los mismos que gobernaban antes.
