El escándalo que afecta a Cristina Cifuentes surgido como consecuencia de las graves irregularidades relacionadas con su supuesto máster cursado en la Universidad Juan Carlos I de Madrid (URJC), amenaza con ser la punta del iceberg de una nueva variante de la corrupción que se ha gestado en la Comunidad de Madrid durante los ya veinticinco años de gobierno autonómico del Partido Popular.

Poco a poco se han ido conociendo detalles que convierten a esta Universidad creada en 1996 por el Partido Popular de la mano del entonces presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, cuando ya existían cinco universidades públicas, en ejemplo de lo que entiende el principal partido de la derecha española por el ejercicio de la gobernanza política y de las instituciones que la acompañan. En primer lugar, con independencia de la calidad docente de sus profesores y del esfuerzo de sus alumnos en terminar sus estudios, la URJC se ha convertido en agencia de colocación de familiares de miembros del Partido Popular. Resulta sorprendente el número de familiares directos de políticos populares con responsabilidades actuales o pasadas que trabajan en esta Universidad, número que rompe todas las estadísticas que puedan hacer posible semejante coincidencia. A ello hay que sumar la también coincidencia del gran número de políticos en activo del PP de Madrid que cursan o han cursado estudios universitarios y postuniversitarios en esta Universidad que, no vayan a pensar mal, casualmente, está dirigida y gestionada por personas afines al PP, bien porque han tenido cargos en la Administración de la Comunidad de Madrid dirigida, como dije antes, por el PP durante más de veinte años, o bien porque trabajan en ella como profesores o como personal administrativo.

En segundo lugar, la URJC constituye el típico ejemplo de lo que entiende el PP por dirigir la Administración Pública. En este caso una Universidad. Aunque se trata de convencer a la ciudadanía de que se defiende la universidad o la sanidad pública, desde el mismo momento en que el PP toma posesión de cualquiera de ellas comienza un desgaste paulatino de sus finanzas, de su prestigio, de su financiación y de su actividad diaria con un concreto interés. Se busca crear áreas privadas dentro de una institución pública que, escapando del control administrativo, sirva de agencia de colocación de dirigentes populares y de sus familiares y al mismo tiempo sea fuente generadora de beneficios económicos para los responsables de estas áreas que, al mismo tiempo, sirven de manera fiel a los que les colocaron como responsables. Todo ello financiado con dinero público que, en vez de invertirse en beneficio de la sociedad española, se invierte en unos pocos para que hagan caja y para asegurarse un futuro personal tranquilo y bien remunerado.

Todas las excusas de Cristina Cifuentes fueron, desde el primer momento, burdos intentos de ocultar lo obvio. Cualquier persona que haya cursado un máster en España en una Universidad española pública o privada con un mínimo de profesionalidad supo ver que Cifuentes mentía o que, como mínimo, tuvo un trato de favor escandaloso que, aunque hubiese tenido una apariencia de legalidad, es decir, aunque se hubiera examinado de alguna asignatura o hubiese presentado y defendido su trabajo fin de máster, sólo por ese trato privilegiado debería haber presentado su dimisión.

No es cierto que un alumno pueda matricularse en un curso de máster tres meses después de haberse iniciado las clases. No ocurre en ninguna Universidad. Si esto fuera posible, y aun cuando fuera una excepción, se crearía un cachondeo generalizado en todas las universidades españolas que dificultaría extremadamente la gestión de la enseñanza universitaria. Miles de excepciones colapsarían los servicios administrativos de las decenas de universidades que hay en España puesto que todas ellas estarían basadas en supuestos excepcionales. Por algo se inventaron los plazos en la Administración. Para que las cosas funcionen.

No es cierto que no haya que asistir a clase y que se pueda evitar tener que compartir pupitre con el resto de alumnos. En un máster, los profesores de cada asignatura pasan un listado entre los alumnos durante los últimos diez minutos de cada clase para que escriban su firma, su nombre y su NIF. El motivo es que durante el curso se hacen actividades y ejercicios imprescindibles para la adquisición de conocimientos.

El principal problema es que la derecha española sigue sin comprender la esencia de la democracia. No lo entendió durante la breve duración de la Segunda República y por ello dio un golpe de Estado en 1936. No lo entendió, ni de lejos, durante el franquismo, creando un Estado que representó en sí mismo la corrupción institucionalizada y, por lo que vemos, tampoco comprendió en qué consistía la democracia cuando regresó en 1978 con la promulgación de la Constitución Española. La derecha sigue teniendo una idea patrimonialista del Estado, como si fuera su corral particular para hacer lo que quiera y, lo que es peor, para crear una clase social privilegiada a costa del 80% de la población española.