El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, es desde ayer exalcalde. Hoy se dará cuenta en el pleno de su dimisión mientras la alcaldesa en funciones, Eva Montesinos, trata de seguir adelante considerando que todo lo que tenga que ver a partir de ahora con Echávarri es ya de carácter personal y nada tiene que ver con ella ni con el grupo municipal del PSOE ni con el Ayuntamiento alicantino. Una ingenuidad por su parte de escaso recorrido teniendo en cuenta que ayer mismo el fiscal del caso despidoporvenganzadelacuñadadeBarcala solicitó la inhabilitación del exalcalde por diez años para ocupar un cargo público. Es innegable que la responsabilidad por la situación política y judicial en la que se encuentra Echávarri solo la tiene él mismo, pero no es menos cierto que no pueden rehuir su responsabilidad quienes no le frenaron, quienes nunca le pusieron los pies en el suelo, quienes no le recriminaron actuaciones que son incompatibles con la ética política y, por lo que estamos viendo, también con la normativa jurídica. Eva Montesinos, Carlos Giménez, Sofía Morales, Fernando Marcos y Gloria Vara estaban allí. Ninguno presentó la dimisión como concejal en desacuerdo por el presunto abuso de poder de Echávarri. Tampoco manifestaron abiertamente su descontento sobre cómo actuaba el exprimer edil alicantino. Callaron y otorgaron, con lo que si la justicia acaba condenando al exregidor socialista, ellos no pueden estar muy satisfechos por el papel que desempeñaron, tanto desde el punto de vista ético como desde el político, puesto que fueron cooperadores necesarios. Echávarri ha dimitido porque la Justicia está a las puertas de abrirle dos juicios orales, sin que nadie de su entorno político cuestionara la moral, la ética y la sensatez de lo que hizo.
