La Generalitat Valenciana ha dado por finiquitado el «modelo Alzira». Con luces y sombras en desigual medida ?cada uno reparta como le venga en gana-, concluyen dos décadas del ejemplo más destacado de «colaboración público-privada» en la gestión sanitaria española. Por cierto, curioso eufemismo que nunca entendí, como tampoco llegué a comprender la escandalera que generó su puesta en práctica. Al fin y al cabo, se trataba de aplicar la misma fórmula bajo la que se dirigen muchos servicios de titularidad pública. En fin, tan libre es el actual gobierno autonómico para dar por concluido el contrato, como los anteriores lo fueron para firmarlo. Esa es su función y también su derecho, aunque algo habrá de positivo que pueda ser incorporado a nuestro anquilosado sistema sanitario.
Quizás por aquello de ver la paja en el ojo ajeno ?y no la viga en el propio-, en la Conselleria de Sanidad se encuentran más cómodos con el discurso ideológico que buscando soluciones a los problemas cotidianos. Discúlpenme la apreciación, pero en el día a día no se perciben grandes cambios en una máquina cuyo engranaje parece funcionar solo, sea para bien o para mal. Eso sí, insisto en que están en su derecho en rechazar un modelo de gestión privada si, efectivamente, se ha demostrado que es peor que el anterior o daña los intereses generales. Pero, ojo, el hecho de que un servidor prefiera lo público no conlleva que trague con que todo lo ajeno es malo. En materias tan sensibles como el cuidado de la salud, hay que mantenerse abierto a las mejoras -vengan de donde vengan- y no pecar de autocomplacencia chauvinista.
Se ha criticado el negocio que, con fondos públicos, se hace con la asistencia sanitaria pública. Negocio que, por cierto, que va más allá de las concesiones administrativas. Cierto es que el beneficio empresarial puede repercutir negativamente en la calidad de la asistencia. Ahora bien, no más que la dudosa eficiencia de la gestión pública tradicional, el ahorro indiscriminado de medios o las carencias y falta de flexibilidad del sistema sanitario público en materia de personal. En cualquier caso, que se lo cuenten a la vicepresidenta de lo social, Mónica Oltra, porque tan respetable sería obtener tajada de los servicios sanitarios como de los sociales. Y, si en estos últimos, el actual ejecutivo autonómico sigue privatizando centros con nuevos concursos, es de suponer que pueda actuarse de igual manera en el ámbito de la atención a la salud.
Por mucho que inicialmente pueda desagradarme que se gestione privadamente lo que es de todos, debo reconocer que es una opción plausible cuando demuestra ser más eficiente. ¿Funcionaba Alzira o no? Porque, al fin y al cabo, eso es lo que importa. Más preocupante es la incoherencia a la hora de predicar y dar trigo. Y es que, por muchas milongas que nos cuenten, cada año se advierte mayor interés en apoyarse en la sanidad privada para tapar las carencias de la pública. Basta con bucear entre los presupuestos autonómicos para encontrar una realidad bien distinta al discurso oficialista. A la vista del aparente afán desprivatizador de Sanidad, cabría esperar que el coste de los conciertos sanitarios hubiera descendido considerablemente a lo largo de la presente legislatura. Los datos, sin embargo, indican todo lo contrario.
Llama la atención que, en comparación con el último presupuesto del PP (2015), el actual gobierno autonómico haya aumentado el coste de los conciertos con centros hospitalarios en un nada despreciable 60%. Cierto es que han descendido otros gastos como las derivaciones por hemodiálisis, pero el conjunto de prestaciones que son realizadas por empresas ajenas al sistema sanitario público mantiene su tendencia al alza y sin atisbo alguno de frenada. Como ejemplo, si el año pasado uno de los objetivos presupuestarios de Sanidad se centraba en no derivar a más de 9.500 pacientes para operarse en centros privados, en 2018 han elevado el listón a 11.195 casos. Dinero para la iniciativa privada, a costa de la pública. Ni bien, ni mal; simplemente es lo que aparece en los presupuestos.
Sanidad intenta contener la lista de espera recurriendo a la iniciativa privada y, cuando menos, está consiguiendo salvar los trastos en algunas especialidades quirúrgicas. Otra cosa es lo que sucede con ciertas exploraciones diagnósticas, la atención en urgencias o las consultas en algunas especialidades médicas. Las directrices no han cambiado y poco importaría esta elección si no fuera porque va en detrimento de encontrar soluciones a las deficiencias de la sanidad pública. Tal vez sería más coherente dar respuesta a este déficit de medios propios, aumentando los actualmente disponibles. Porque, si lo que realmente se pretende es dar abasto a la creciente demanda asistencial, parece lógico acometer cambios estructurales en el sistema sanitario y dotarle de la capacidad para afrontar las necesidades futuras. Y, en esto, quizás el dichoso «modelo Alzira» tenga algo que enseñarnos.
Los defensores de la gestión privada ponen el énfasis en la mayor eficiencia de ésta, ventaja que no ha sido consistentemente rebatida por sus detractores. En realidad, ni siquiera ha sido discutida porque conllevaría hurgar en los graves defectos del sistema tradicional y reconocer sus debilidades. Siendo cuestión de disponer de los mejores directivos, tras la reversión cabe esperar que quienes ocupan estos puestos en la sanidad valenciana dispongan de la adecuada formación y experiencia para asumir sus responsabilidades. Porque ¿tan complejo sería instaurar un proceso de acreditación previa como gestor clínico o sanitario? Quizás debiera ser éste el criterio «sine qua non» para quienes aspiran a ocupar gerencias, direcciones y jefaturas. En otros términos, profesionalizar la gestión. Y, por supuesto, descentralizarla y dotarla de flexibilidad en su funcionamiento, porque no hay quien modifique el sistema si se mantiene constreñida bajo el corsé administrativo.
A la sanidad valenciana le falta motivación. Con la reversión, el momento es propicio para replantearse cómo solventar las deficiencias e ir más allá del simple debate público-privado. Parece evidente que dirigir la mayor empresa de la Comunidad Valenciana, con más de 50.000 trabajadores, no es tarea fácil. Y de ese conocimiento, guste o no, dispone la iniciativa privada y no tanto la pública, que se mantiene en la inercia del inmovilismo. Por eso hay que aprovechar el aprendizaje que nos deja Alzira y atreverse a aplicar las tan cacareadas nuevas fórmulas de gestión que nadie ?ni populares, ni socialistas- han acabado por poner en práctica hasta la fecha. Incluso incorporar aquello que pudiera funcionar del modelo que ahora desaparece, porque algo bueno tendría ¿verdad? Cambiar o morir nuevamente a manos privadas. No hay otra.
Más allá de lo que ocurra con Alzira o con Denia, a los ciudadanos les preocupan otros temas sanitarios que apenas son atendidos. La reversión no justifica una legislatura, sino una sanidad pública que funcione mejor. Con unos o con otros.
