Época electoral, crear problemas donde no los hay, volver al tema de la lengua, aprovechar la tesitura política que se da en otra Comunidad Autónoma vecina e intentar «vendernos» una «posible» situación que no es real en esta.
El Consell anuncia la Llei de Plurilingüisme, por redes sociales circula una recogida de firmas en contra apelando al derecho y la libertad de elección de las familias. Siempre la misma muleta, lo mismo dijeron cuando se implantaron las becas universitarias (que por primera vez en esta Comunidad) impedían que el alumnado abandonara sus estudios por motivos económicos (entre otras), les debió parecer tan injusto que se lanzaron a llevarlas al TSJV con la apostilla de la libertad, demasiadas veces usada para manipular.
Hace 34 años que se aprobó la LUEV, habiendo sido regulada normativamente también por el PP, los datos nos dejan que el alumnado posee un dominio del castellano del 100%, un 30% en valenciano y un 6% en inglés y, aunque se ha avanzado, es necesario reconocer la necesidad de plantear un marco con voluntad de diálogo que pueda favorecer de forma real el plurilingüismo en nuestro sistema educativo.
Alzan el grito por los porcentajes establecidos, pero es necesario aclarar que estos se atienen a la legislación y a la jurisprudencia en lo relacionado al establecimiento de las lenguas vehiculares y su proporción.
La Ley establece unos mínimos, siendo la propuesta del 33% fruto de la división matemática del tiempo entre las tres lenguas como si todas partieran de la misma situación, además no dicen que los centros tendrán la libertad de poder diseñar y elegir su proyecto lingüístico de centro en donde las familias podrán aportar.
Estas, siempre han podido optar por el modelo educativo y plurilingüe en los períodos de matrícula, pero eso se les olvida, y tampoco explican que no sólo podrán seguir escogiendo, sino que podrán saber con exactitud los porcentajes que se impartirá en cada una de las lenguas.
Venden humo argumentando que se ofrece un único modelo, cosa no cierta, cada centro a través de su consejo escolar podrá escoger el modelo que más esté de acorde con su entorno, aducen que de esa forma desaparecerá el inglés y no es cierto, ya que la ley establece una horquilla entre el 15 y el 25% de las horas cuando antes sólo era el 13%. Intentan manipular, y sinceramente debieran molestarse en explicarnos el porqué, por ejemplo, se ha tenido que desembolsar ocho millones de euros de multa por la no ejecución de los programas de cooperación territorial, ¿nos lo explican?
Alguien debería explicar el por qué durante el gobierno del señor Camps se recibía la parte correspondiente del MEC pero el gobierno autonómico no ponía lo que le correspondía en el Plan Educa 3.
Año 2008, la Consellería de Industria sólo contemplaba repartir los 11 millones euros que el MEC había aportado para construir plazas públicas dentro de dicho plan, el gobierno del señor Camps incumplió el convenio firmado con el MEC no aportando su parte correspondiente a un plan que suponía el acceso de familias a la etapa de Educación Infantil (0-3 años), pero les fue más fácil concertar con empresas privadas y alargar los procedimientos casi tres años más tarde.
Nuestra Comunidad fue la más beneficiada económicamente en estas ayudas por parte del MEC debido al déficit de plazas públicas, pero obviamente no lo van a explicar, andan más ocupados en despistar la atención con el tema de la lengua. Año 2010, 3 de noviembre, el entonces ministro de Educación Ángel Gabilondo (PSOE) y el conseller de Educación el señor Font de Mora (PP) suscribieron la adenda al convenio de colaboración de 2008 con la relación de centros a construir y de municipios. Echemos cuentas y miremos cuántos construyeron con plazas públicas, porque a mí no me salen las cuentas.
Hoy, el govern del Botànic con Ximo Puig a la cabeza, ha de asumir esas «cargas», esas multas que nos toca pagar por una mala gestión pública anterior, pero que aun así se apuesta fuerte en educación con actuaciones como la implantación de las aulas de 2 años en los centros públicos, haciendo real que las familias puedan acceder a dichas plazas públicas, Xarxa Llibres, Edificant y otras medidas que poco a poco devuelven y devolverán a la ciudadanía y al sistema educativo valenciano al lugar que le corresponde.
Así es que explíquennos la verdad acerca de esa multa de casi ocho millones de euros que se ha tenido que desembolsar, porque ustedes, las personas, que en nombre de la libertad se lanzan a la captura de firmas digitales no osan contarla, y desde la libertad la ciudadanía también tiene derecho a saber la verdad de tantas cosas que nos han ido escondiendo durante veinte años.
