El inicio esta misma semana del trámite en el Congreso de los presupuestos generales del Estado para 2018 a propuesta del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, unido a la geometría parlamentaria que, en estos momentos, deja al gobierno de Mariano Rajoy sin votos suficientes para sacarlos adelante, vuelve a abrir un intenso debate, sin duda, sobre el papel de los cuatro diputados que tiene Compromís en Madrid. Un dilema pendiente de resolver. Nunca ganarán unas elecciones generales. Nunca tendrán poder de gestión en la Moncloa. Compromís es una coalición electoral con dos grandes tradiciones políticas -una valencianista y otra más de izquierdas- que tiene su vocación única y exclusivamente en la Comunidad.
Y, por eso, un partido con un espacio tan definido -nadie más lo puede hacer porque las otras cuatro fuerzas con diputados sí aspiran a gobernar en España- sólo tiene dos campos en los que jugar sus cartas en el Congreso. Primero: convertirse en el altavoz de los problemas de la zona a la que representan, algo que viene haciendo con una notable repercusión su portavoz Joan Baldoví, en solitario desde 2011 a 2015; y desde entonces hasta ahora al frente de un grupo de cuatro diputados en el que también ha encontrado un papel de relevancia Ignasi Candela, parlamentario por Alicante. Pero hay un segundo espacio en el que formaciones como Compromís, sin opciones reales de gobernar en España, tienen que moverse: utilizar sus votos para negociar a cambio de iniciativas, proyectos o planes reivindicados en sus territorios. Sólo hay que ver el papel del Partido Nacionalista Vasco, que ha conseguido importantes inversiones y una lluvia de millones con la actualización del cupo, el peculiar y ventajoso sistema de financiación del que disfrutan en esa autonomía. O el papel de los dos partidos canarios. Un botón de muestra: en los presupuestos presentados esta misma semana, las ciudades de la isla son las únicas, junto a Madrid y Barcelona, que reciben una jugosa aportación económica para bonificar el transporte metropolitano, un dinero al que aspiraba València y del que ha quedado excluída.
El trámite parlamentario que se ha iniciado ha destapado dos evidencias. A saber: Mariano Rajoy necesita más votos para aprobar sus cuentas. No tiene suficientes. Y tanto la Comunidad Valenciana como, especialmente, la provincia de Alicante siguen maltratadas en el reparto de los fondos del Gobierno de España, donde no se han atendido las exigencias del Consell y de la sociedad civil valenciana a costa de cronificar una injusticia. Así que, por tanto, Compromís se tiene que plantear si se quiere quedar en la denuncia de una causa justa, algo que debe seguir haciendo. O, por el contrario, utiliza sus diputados también para exigir, al margen de las «migajas» que nos ha dado Montoro, un paquete extraordinario de inversiones de al menos 500 millones, los cerca de 350 que faltan para llegar a la media además de otra partida extraordinaria para empezar; y un plan para desbloquear la financiación autonómica de inmediato. Ese debate está encima de la mesa y ya hace tiempo que ronda en conversaciones de dirigentes de Compromís. Es evidente que digerir acuerdos con Rajoy sería muy complicado. Pero... ¿Y si eso supone empezar a paliar la marginación de Alicante y la Comunidad Valenciana?
