La coherencia, del latín cohaerentia, es la actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. De hecho, una persona u organización es coherente cuando hay armonía entre lo que piensa, dice y hace. Coincidirán conmigo en que si hay algo verdaderamente importante en política es la coherencia. Me atrevería incluso a decirles que es hasta imprescindible y necesaria en cuestiones claves y capitales, que no admiten medias tintas ni dobleces, como es el agua, tan necesaria para el progreso y el bienestar de esta tierra, para esta provincia. El déficit hídrico de la Comunidad Valenciana es estructural, un déficit que requiere acuerdos y consensos y que sólo se puede solventar a través de un compromiso de largo plazo como es el Pacto Nacional. Y es que el agua no entiende de fronteras, ni depende de territorios ni es una cuestión de partidos ni debe obedecer a ideologías. En este sentido, demuestran una grave incoherencia los socialistas cuando mantienen diferentes posturas dependiendo de dónde se encuentren e, incluso, dependiendo al foro que se dirijan. Por ello es tan importante que el presidente socialista de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, traslade su postura de queja y exigencia del Gobierno de España al gobierno de su compañero de filas, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuando rechaza la llegada a esta provincia del agua procedente del Tajo.
Uno, cuando gobierna, puede optar entre variar su postura relativa a los déficit hídricos, caer en la tentación de doblegarse a las exigencias próximas o buscar un acuerdo que ofrezca una respuesta consensuada a todas las demandas, con independencia de si hablamos de cuencas cedentes o cuenca receptoras. Precisamente, el Gobierno de Mariano Rajoy opta por esta última opción y la reapertura del Tajo-Segura, tras superarse en los pantanos de Entrepeñas y Buendía los 400 hm3 embalsados, derivado de la existencia de reglas claras, conocidas y transparentes. Sin ir más lejos, la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su reunión del pasado martes, y con el refrendo de la ministra Agricultura, Isabel García Tejerina, aprobó un triple trasvase desde la cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía hasta la cuenca del Segura para los meses de abril, mayo y junio de 60 hectómetros cúbicos, de tal manera que se trasvasarán 20 hm3 por cada mes, otro ejemplo más de la coherencia con que se aborda el problema del agua para el conjunto del Estado español.
El Gobierno de España lleva años trabajando en una política de agua con visión de futuro, de forma que permita afrontar la actual escasez de la manera más eficiente posible y con el máximo consenso. Es consciente de que es necesario un uso más solidario, sostenible, eficaz e integrado de los diferentes recursos hídricos existentes en España. Y apuesta porque el agua sea una auténtica política de Estado, consensuada, que dé estabilidad a las decisiones en materia de gestión más allá de cada ciclo de planificación y más allá de los cambios de gobierno. Por ello, apuesta por avanzar juntos, por cuidar el agua, por atender las demandas de forma sostenible y por proteger a las personas. Apuesta por la implicación de todos, por la generosidad, por el realismo y por una visión a largo plazo. Apuesta por un Pacto Nacional del Agua, un acuerdo por el crecimiento, por la sostenibilidad y por la cohesión de España en el que todas las comunidades autónomas salgan beneficiadas por diferentes actuaciones, ya sean inversiones, ahorro, mejoras medioambientales, adaptación al cambio climático, y disminución del riesgo de inundaciones.
El Gobierno de España está a favor de los trasvases y a favor de aprovechar los recursos de la desalación. Lo estábamos antes y lo estamos ahora, por mucho que algunos se empecinen en lanzar cortinas de humo para tapar las contradicciones de un partido que pleitea para acabar con el trasvase Tajo-Segura, tan importante para los regantes de la provincia de Alicante, tan relevante para el progreso de esta tierra.
Conviene recordar que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, realizó el 26 de marzo una visita a la desalinizadora de Torrevieja y se refirió a la misma como una infraestructura «especialmente necesaria en estos cinco años de sequía en el levante español que incrementará su capacidad de desalinización hasta los 120 hm3 al año, con una nueva inversión de 45 millones de euros y cuya ampliación de 40 a 80 hm3 anuales de capacidad estará finalizada a comienzos del verano». Asimismo, no está de más que algunos recuerden que la instalación surge de la fusión de dos desaladoras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, aprobado por el Gobierno del Partido Popular en el año 2001, y que no funcionaban cuando se llegó al mismo.
Los hechos demuestran que desde 2012 el Gobierno de España ha finalizado 7 desaladoras (Águilas, Sagunto, Moncofa, Mutxamel, Oropesa, Torrevieja y Campo de Dalías) que no tenían conducciones, acometida eléctrica o, directamente, estaban a medio construir. Y esto ha sido el resultado de un proceso planificado para suministrar agua de riego y de boca en situaciones de escasez hídrica. Y se han otorgado ayudas para subvencionar la producción de agua desalada por importe de 17,3 millones de euros.
Asimismo, la realidad evidencia que el Gobierno de España ha aprobado exenciones de tarifas para los usuarios del Trasvase Tajo-Segura y resto de regantes suponiendo un ahorro, para regantes, de más de 45 millones de euros: 37,2 millones de ahorro para los del Segura y 8,2 para los del Júcar; ha invertido cerca de 100 millones de euros en la modernización de regadíos; ha realizado, desde mayo de 2015 hasta la actualidad, más de 28 de actuaciones de emergencia en estas cuencas, con un presupuesto superior a los 100 millones de euros y, sin ir más lejos el 8 de marzo, el Ministerio de Agricultura autorizaba dos actuaciones de emergencia, por un importe de 10 millones de euros, para la apertura de pozos de sequía en la cuenca del Segura con extracciones de hasta 80 hectómetros cúbicos de agua para atender el uso de abastecimiento, el regadío y los caudales ambientales.
Somos conscientes de que aún queda mucho por hacer y, en este sentido, esperamos que el Pacto Nacional del Agua sea pronto una realidad. Por ello, quiero aprovechar estas líneas para demandar a los socialistas que den un paso atrás en la utilización del agua con fines partidistas, que sean coherentes, que recojan la mano tendida del Gobierno al impulso de un Pacto Nacional porque el agua no conoce ni fronteras ni ideologías. Y sin coherencia no hay ninguna fuerza moral ni legitimidad. El Gobierno de España está dando pasos, reuniéndose y escuchando a todos los actores implicados. El agua no es propiedad de nadie, es de todos y cada gota debemos aprovecharla. Si permanecemos juntos en esta idea, lograremos hacer de la gestión del agua una auténtica política de Estado, consensuada, integradora y solidaria.
