Si hoy comienza la Semana de Pasión, la pasada bien podría calificarse como la Semana de Reacción. De reacción patriarcal o antifeminista. En realidad, es un continuo histórico, pues se produce ante cada avance de las mujeres en nuestro largo, lento e inacabado proceso de conquista de la libertad, que es impensable sin igualdad. Como ya expuso Susan Faludi en su análisis del contexto norteamericano de los 80, «la reacción antifeminista no se desencadenó porque las mujeres hubieran conseguido plena igualdad con los hombres, sino porque parecía posible que llegaran a conseguirla. Es un golpe anticipado que detiene a las mujeres mucho antes de que lleguen a la meta». La intensidad de ese golpe es variable, pero en España se produjo desde la aprobación de las leyes contra la violencia de género (2004), de igualdad efectiva de mujeres y hombres (2008) y de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo (2010). Y mucho más cuando desde el movimiento feminista se activa la protesta social masiva por la amenaza de su derogación (Tren de la Libertad contra reforma Gallardón 2014) o por su incumplimiento (7N contra violencias machistas 2015) e insuficiencia (8M Huelga Feminista 2018).

Esta reacción antifeminista, claramente identificable cuando la encabezan sectores sociales específicamente contrarios a las leyes citadas, encuentra eco en los poderes públicos, produciéndose así una violencia institucional contra las mujeres (o intensificándose la ya de por sí existente). Dos claros ejemplos de ello los hemos tenido esta pasada semana y han pasado casi inadvertidos. Uno es la apertura de un expediente sancionador por parte de la Consejería de Sanidad madrileña a seis centros sanitarios privados acreditados para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Otro, la imputación de la Directora de Igualdad del Consell Insular de Mallorca de un delito por calumnias e injurias con publicidad por el juzgado de instrucción nº8 de dicha ciudad, imponiéndole una fianza de 30.000 ? a la espera de juicio oral. En el primer caso, la denuncia vino de la Asociación de Abogados Cristianos en su cruzada por impedir la aplicación de la ley de salud sexual y reproductiva; en el segundo, del presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Baleares, en su empeño por la derogación de la ley contra la violencia de género y la aprobación de la custodia compartida impuesta judicialmente. Lo relevante es que tanto la Consejería de Sanidad madrileña como el juzgado han admitido las denuncias. Eso no sería posible si el antifeminismo no estuviera instalado como lo está en quienes ocupan esas instancias públicas. Sólo eso explica que se boicotee o dificulte el cumplimiento de leyes que posibilitan el ejercicio por las mujeres de sus derechos fundamentales por parte de quienes tienen el deber de garantizarlo.