Nuevamente, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) vuelve a colocarse en el centro de la polémica por el controvertido máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y una vez más, esta misma institución vuelve a dañar a la Universidad en su conjunto, erosionando gratuitamente su credibilidad y prestigio. Recordemos que hace poco más de un año, el rector de esta misma Universidad fue acusado de copiar literalmente decenas de páginas a una veintena de profesores e investigadores en doce publicaciones distintas, siendo denunciado por ello. Lejos de actuar con rapidez para salvaguardar la altura moral que la sociedad espera de unas instituciones tan importantes como las universidades, desde la Universidad Rey Juan Carlos se alargó de manera injustificada durante meses la polémica, en lugar de cortar de raíz cualquier sospecha de plagio.

Ahora, una vez más, al hacerse públicas las irregularidades en la tramitación y obtención del título de máster de la presidenta madrileña Cifuentes, el rector de esta Universidad, lejos de responder con claridad y transparencia a las legítimas dudas que han surgido en la opinión pública y en los medios de comunicación, alimentan la polémica y deja en entredicho el rigor y el prestigio de los estudios y titulaciones que las universidades imparten.

Estamos seguramente ante una batalla política alimentada por personas muy cercanas al Partido Popular con el fin de cortar las posibilidades futuras para renovar como candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad madrileña. El fuego amigo, en política, ha causado más bajas que muchas otras guerras contemporáneas, y las aguas del PP madrileño están tan revueltas que son capaces de arrastrar a todo aquel que está en sus orillas. Posiblemente, el chivatazo de las anomalías en el expediente académico de Cifuentes y toda la amplia documentación original que se está difundiendo con datos tan precisos, no obedezcan únicamente a una investigación periodística, ya que el acceso y la obtención de esos documentos es muy limitado. Pero la gravedad de los hechos conocidos es inequívoca, al afectar a una alta autoridad del Estado, implicándola en un supuesto caso de falsificación de documentos públicos y de aparente engaño en su currículum profesional.

Los responsables políticos, y en mayor medida, las altas autoridades del país, tienen la obligación y el mandato expreso de velar por la legalidad, actuar con honestidad y cumplimiento a las leyes, pero, además, tienen que respetar y dar prestigio a instituciones tan importantes como las universidades. Cualquier sombra de duda sobre la naturaleza del máster obtenido por Cifuentes debería de haber sido cortada de plano por ella misma con las pruebas documentales que toda Universidad proporciona y de la que debe disponer la interesada. Pero lejos de comparecer de inmediato para dar explicaciones, mantuvo un largo silencio primero, para después, aparecer ante algún medio de comunicación con explicaciones tan vagas como contradictorias que arrojaban más sombras de sospecha, siendo inmediatamente desmontadas con nuevas pruebas documentales. Primero afirmó que no tenía su Trabajo de Fin de Máster (TFM) porque lo había perdido en una mudanza, para sostener después que ella no tenía que mostrarlo, mientras que por el contrario, exhibía el acta del tribunal que la evaluó siendo como es un documento interno que en ningún caso puede ni debe salir de la Universidad.

Pero las explicaciones chapuceras, contradicciones y el intento de justificar lo injustificable por parte del rector y de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos solo pueden calificarse de irresponsables. Naturalmente que al pasar calificaciones a las actas pueden producirse errores, pero el procedimiento para modificar una calificación es muy riguroso y está muy protocolizado, debiendo existir diligencias que lo motiven y siendo rubricado por diferentes autoridades académicas, nada que ver con el burdo procedimiento del que dieron cuenta. Pero, además, ¿dónde se encuentra el Trabajo de Fin de Máster que todos los alumnos tienen la obligación de depositar en la Universidad con varias copias antes de su defensa ante el tribunal? ¿Cómo se puede defender y aprobar un TFM en 2012 si en las actas figuraba -por error, según dijeron- como suspensas asignaturas hasta 2014? ¿Por qué invocan a una supuesta Ley de Protección de Datos cuando la defensa de Tesis Doctorales y Trabajos Fin de Máster son actos públicos? ¿Cómo se puede explicar racionalmente que alguien se matricule en la misma asignatura que aprobó un año antes y la Universidad registre esa matrícula? Y, por si fuera poco, al igual que Cifuentes, también la URJC pierde todos los ejemplares de su Trabajo Fin de Máster. Verdaderamente, increíble.

Todas las titulaciones universitarias en España están reguladas, acreditadas y verificadas de manera muy exigente por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y con mayor motivo las titulaciones oficiales adscritas al llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desde las universidades españolas, todo su equipo administrativo, técnico, docente y directivo trabajamos con una enorme dedicación para ofrecer una enseñanza de calidad con arreglo a los mayores estándares universitarios europeos, como prueba la alta valoración que muchos países tienen de los jóvenes titulados españoles. Esta lastimosa polémica daña el riguroso trabajo que desde las universidades se desarrolla, y lo hacen quienes deberían velar por mejorar su prestigio ante la sociedad.