Con el auto dictado ayer por la magistrada Patricia Romero Alicante ha alcanzado el nada despreciable récord de que sus tres últimos alcaldes hayan sido procesados por partida doble. Cierto es que a los dos primeros, los populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el archivo de uno de los procesos en los que estaban encausados, el abierto por el plan Rabasa, les ha reducido a la mitad sus cuentas pendientes con la Justicia, pero reconocerán que la marca para la carrera hacia el guinness no está nada mal de no ser porque hay ocasiones en las que ganar es perder.
Ayer le tocó al socialista Gabriel Echávarri asumir que, tal y como discurren las causas en las que está inmerso, cabe la posibilidad de que se siente en el banquillo antes que sus predecesores por cuyos procesamientos batalló todo lo que pudo y más. Y se lo tomó mal. Tanto que no dudo en arremeter contra el fiscal cuando ayer era una juez la que firmaba el auto. Él sabrá por qué dirigió los darnos hacia donde lo hizo pero de lo que no parece haber duda es de que el regidor tiene una doble vara para medir al Ministerio Fiscal: la que utiliza cuando los fiscales actúan contra sus adversarios y la que usa cuando es él el blanco de la acusación pública. Se pregunta el primer edil qué interés está defendiendo la Fiscalía en su caso. Pues el mismo que en los antes citados: preservar el interés público de las actuaciones arbitrarias de sus representantes. Que el despido de la cuñada del portavoz popular que ordenó estaba avalado por los técnicos, argumenta. También lo estaba la contrata municipal de las sillas que acabó tumbado el Tribunal Superior y por la que, casualmente también ayer, han sido procesados los exediles populares Juan Zaragoza y Andrés Llorens. Y dice que es abogado y que está viendo cosas que no son normales cuando lo extraño es que, siéndolo, no las haya visto antes.
