Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, gracias a las lluvias invernales, han recuperado el nivel de los 400 hectómetros cúbicos de reservas, por lo que tras diez meses cerrado, el trasvase del Tajo se puede reabrir para que llegue agua a la provincia de Alicante para consumo y para regadío. Es lo que marca la ley y no cabe más que exigir al Gobierno que se cumpla, porque no es lo mismo beber agua de lluvia que agua de mar desalinizada, y es imposible regar los cultivos, por supuesto a goteo, con agua procedente del mar cuya desalación representa un coste ocho veces superior a la de un trasvase. Las reservas del Tajo están en 400 hectómetros cúbicos y los agricultores alicantinos aguardan una decisión sobre el trasvase, temiendo subterfugios de última hora que puedan acabar perjudicándoles, porque, aunque la ley está de su parte, no sería la primera vez que se quedan con eso, con el espíritu de la ley y sin ningún derecho práctico (el trasvase del Júcar-Vinalopó, por ejemplo). Los agricultores permitieron que se les usara políticamente y lo están penando con creces. La izquierda consideró equivocadamente que los hombres del campo eran votantes de derechas y los «vendió» en las negociaciones para la entrada de España en la Unión Europea a cambio de inversiones en carreteras. La derecha, por su parte, creyó erróneamente que los agricultores eran suyos y los usó interesadamente en confrontaciones políticas y territoriales. Ahora, sin agua y con un escaso margen de beneficio en el producto, el cambio climático da el golpe de gracia a un sector económico que sigue siendo muy relevante en la provincia, que realizó una gran inversión, que aún paga a plazos, en tuberías de goteo por las que hace diez meses no pasa una gota de agua a pesar de que ellos deben seguir abonando el famoso canon por el trasvase del Tajo.
