En España sobran médicos. Así de claro. Cosa bien distinta es que falten en el sistema sanitario o que estén mal distribuidos, pero tan malo es el defecto como el exceso. Por ello, es obligado alertar de los riesgos que conlleva la creación de nuevas facultades de Medicina que, por luchas infantiles de egos y de poder, ponen en riesgo las ilusiones de muchos universitarios de los que dependerán nuestras vidas en un futuro próximo. Por tanto, ojo con tomarse el asunto a la ligera, que aquí hablamos de vidas. Y, sinceramente, dudo que este país pueda seguir permitiéndose tanta gilipollez.
Agrade o no a quien disfrute pariendo facultades ?bien sean públicas, bien privadas-, la situación española es ciertamente privilegiada. Los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) nos sitúa entre las naciones con mayor tasa de médicos por habitante. Ocupamos el noveno puesto y seguimos subiendo. La verdad es que nos hemos pasado un poco como resultado de la eclosión de nuevas facultades de Medicina en la última década, hasta llegar a ser el segundo país del mundo en este ranking. Pero, por complejo de pobres o por insana avaricia, debe parecernos poco y mantenemos el crecimiento: ahí están las recientes incorporaciones de Vic y Baleares.
Insiste, la Universidad de Alicante, en su legítimo interés de que le concedan licencia para fabricar médicos. Pocos dudan ya de que la insistencia de la universidad alicantina acabará por fructificar. De nada servirá la oposición de la Conferencia de Decanos de Medicina, como tampoco harán caso alguno al Consejo de Estudiantes de Medicina. Estos últimos, los alumnos, quedan relegados a un papel secundario por parte de quienes tienen otros intereses, más allá de los estrictamente docentes. No se confundan, que el asunto no pasa de ser una cuestión de colores políticos y de vendettas personales. En cuanto a considerar otras opiniones, solo se recurre a ellas cuando son coincidentes y, en esta ocasión, toca callar.
La decisión está tomada y no se atiende a la realidad que manifiestan los datos. Poco importa que cada año se gradúen cerca de 7.000 nuevos médicos cuando apenas se convocan 6.500 plazas de formación especializada. Vayan sumando el excedente anual y multipliquen por los 36.000 euros que nos cuesta cada uno, a lo largo de su carrera. Cada año se lo van poniendo más jodido a los chavales. En la última convocatoria, 8.000 aspirantes se quedaron sin plaza. Conseguir alcanzar un 50% de aprobados, procedentes de una universidad determinada, empieza a ser un éxito. Vean la otra cara de la moneda: la mitad no accede a una formación médica especializada y, sin título de especialista, no es posible ejercer la profesión. No queda otra salida que la de emigrar o tirara a la basura seis años de estudios. Este es el resultado final de la desmesurada producción de graduados, muy superior a las propias necesidades del país. Sí, con su avaricia, la universidad también es culpable de la «fuga de cerebros» que tanto gusta en denunciar. Realidades como puños que, sin embargo, poco parecen importar a la hora de adoptar decisiones.
Los argumentos de la UA son difícilmente sostenibles, aunque cualquier excusa es válida para justificar una decisión visceral. Primero fue aquello de que, para «jugar en las ligas mayores universitarias» había que impartir los estudios de Medicina, como si de un aderezo se tratara. Ahora se alega que hay más plazas de médicos residentes, en los hospitales alicantinos, que alumnos egresados. Tal vez desconocen que estas plazas son de convocatoria nacional y que, como les comentaba, el desequilibrio ya es abismal. Incluso se aporta un matiz de supuesta inequidad social y se ha llegado a afirmar, por parte de algún vicerrector, que si no se amplía el número de plazas solo los ricos podrán saltar ese obstáculo, estudiando? ¡en Letonia y Estonia! Hombre, ya puestos se buscarían algún país más cálido.
En mitad de la trifulca universitaria, uno se pregunta si el Colegio de Médicos no podría haber tenido mayor implicación en el asunto. A sus dirigentes se les ha notado un tanto ausentes, cuando no incluso algo serviles, posiblemente para no contrariar la decisión última de la Generalitat. Eso sí, el actual presidente de los médicos alicantinos, José Pastor, ya ha transmitido su beneplácito al rector Manuel Palomar. Al menos así lo declaraba hace apenas tres meses, añadiendo su propuesta personal de que la UA impartiera el grado de Medicina en valenciano. Una idea ciertamente arriesgada, en puertas de unas elecciones colegiales marcadas por el rechazo a la obligatoriedad de dominar el uso de esta lengua, para ejercer en el sistema sanitario público.
Poco se ha hablado sobre el impacto que, en la calidad de la formación de los nuevos médicos, puede tener una nueva facultad. Este es el aspecto realmente importante porque los estudios de Medicina se caracterizan por su docencia práctica. Vaya, que sin hospitales universitarios es imposible impartir estos estudios. Y como bien ha apuntado el decano de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Compañ, la realización de prácticas clínicas de calidad es el gran problema que se plantea, si finalmente hay que repartir los limitados recursos actualmente disponibles. Déjense de zarandajas quienes hablan de conciertos con clínicas privadas, que para obtener el reconocimiento de hospital universitario hay que cumplir ciertos criterios que no están a su alcance. Y, si ya existen dificultades para evitar la masificación, será complejo encontrar acomodo a más alumnos, sean de una u otra universidad. Imagino que la decisión de la Conselleria de Sanidad ?ayer, reacia a una nueva facultad; hoy, a favor- acabará consistiendo en desvestir un santo para vestir a otro.
No se trata de dónde impartir Medicina, sino de en qué condiciones se imparte. Nadie hace mención al estado de algunas instalaciones fundamentales como son los centros de salud. Tampoco al hecho de que la docencia se sustente en una plantilla infradotada, con un abuso de figuras contractuales como las de profesores asociados y con múltiples casos de profesores titulares y catedráticos acreditados, pero sin plaza como tales. Más grave es aún la falta de reconocimiento económico ?sí, económico- a los cientos de tutores clínicos que desarrollan la actividad práctica ¿Cómo diablos esperan asegurar la estabilidad de la docencia clínica? Cierto es que la situación no difiere mucho de la habitual en el resto del país, pero no por ello es menos vergonzante. Sin embargo, ni la Generalitat ?Sanidad y Educación-, ni las dos universidades que andan inmersas en este rifirrafe, han incluido estos asuntos en su agenda ¿No sería más lógico dignificar lo que ya existe?
En fin, poco importa quién acabe comiéndose el pastel. La cuestión estriba en ofrecer una formación médica de calidad, evitando que la universidad ?y menos aún la pública- genere un excedente que el mercado no sea capaz de asumir. Simple cuestión de planificación y coherencia.
