Una de las promesas que hacen los jefes del Gobierno alemán al tomar posesión del cargo es la de hacer todo lo posible para evitarle daño alguno a su pueblo.
La canciller alemana, Angela Merkel, lo ha prometido ya tres veces y va ahora por la cuarta, pero, como denuncia Der Spiegel, ha tenido que ser un tribunal quien se encargara de proteger a los ciudadanos ante la inacción de aquélla.
Se refería el semanario germano a la decisión del Tribunal Administrativo del país, con sede en Leipzig - un ejemplo más de descentralización que deberíamos imitar aquí- a favor de los Ayuntamientos que han prohibido entrar en los centros urbanos a los autos equipados con los motores diésel más contaminantes.
Tanto la Unión Cristianodemócrata de la canciller como su socio Gobierno, el partido socialdemócrata, han tolerado que en algunas ciudades la calidad del aire haya llegado a extremos peligrosos para la salud.
Alrededor de 10.000 personas mueren prematuramente cada año en ese país europeo más adicto al automóvil como consecuencia de enfermedades causadas por los óxidos de nitrógeno, a las que hay que sumar otras 45.000, víctimas también mortales de las partículas en suspensión contaminantes.
Según el instituto Leibniz de investigaciones sobre medicina medioambiental, esas partículas aumentan además las probabilidades de enfermar de Alzheimer, riesgo que corren especialmente quienes viven en calles de fuerte tráfico.
Pues bien, como denuncia con razón en un editorial Der Spiegel, para la industria del automóvil todas esas enfermedades o muertes son sólo "daños colaterales" de su afán de lucro.
Y acaso no haya en Alemania un lobby tan poderoso como el de esa industria: el socialdemócrata Gerhard Schroeder era conocido en su día como el "canciller del automóvil" y no hablemos ya de los políticos cristianodemócratas.
El ex ministro de Transportes Matthias Wissmann, correligionario de Merkel, preside actualmente la asociación alemana de la industria del automóvil, de la que es principal lobista.
Pero hay otros ejemplos de puertas giratorias: el ex ministro de Estado en la cancillería Eckart von Klaeden, también cristianodemócrata, trabaja para Daimler y otros ex políticos tanto de ese partido como de la CSU bávara o el SPD hacen hoy lobby a favor de distintas empresas del sector.
Y el principal lobista es el actual ministro de Transportes en funciones, Christian Schmidt, de la CSU, quien, tras la sentencia de los jueces favorable a que se prohibiese entrar en los centros urbanos a algunos automóviles, negó que las ciudades estuviesen obligadas a acatar esa prohibición.
Todo ello explica que el Gobierno de coalición no haya logrado convencer a los gigantes alemanes de esa industria, los que manipularon las emisiones, para que sufragasen el reequipamiento técnico de los vehículos denunciados por superar los ya de por sí generosos límites de contaminación fijados por la Comisión Europea.
¿Qué importa la salud de los ciudadanos cuando peligran los beneficios de una industria? Si no, que se lo pregunten también a nuestra ministra de Agricultura, acusada por algún medio de defender en la UE los altos niveles de tóxicos en los fertilizantes que fabrica una empresa para la que trabajó antes de llegar al Gobierno.
