La intromisión en la esfera de lo privado y de la función pública mediante el uso de artilugios de todo tipo, conforma parte importante de estos nuevos tiempos poco propicios para las libertades individuales. Es absolutamente incontrolable la invasión de la intimidad y poco se puede hacer desde los poderes públicos, salvo negar cualquier validez y eficacia a lo escuchado y sancionar a quien quiera hacer uso de las informaciones obtenidas subrepticiamente. No hay otra salida que esa, la que idearon hace más de un siglo en EE UU para evitar los excesos. La tolerancia con estas conductas en la sociedad de la información y el secreto de las fuentes periodísticas lleva al abuso y el abuso a la supremacía de poderes y de grupos organizados que ya, en algunos países, se han profesionalizado en este tipo de prácticas.
La aparición en el despacho de anterior concejal de Urbanismo de vestigios de lo que fue un montaje dirigido a la captación de comunicaciones es de tal gravedad, que frivolizar con el asunto o politizarlo como ha hecho la concejal Montesinos rememorando intervenciones telefónicas de otras personas, sometidas a valoración judicial en su licitud, es solo una forma de mostrar poco respeto a hechos que deben ser evaluados y tratados desde la perversión legal y democrática que engendran situaciones como la acaecida.
Que el dispositivo hallado ahora no sirva ya, no sea operativo a los efectos de intromisión en la privacidad, ilegítima o no según el autor de la maniobra, no significa que en su momento no pudiera servir a tales fines. Si fue obra de terceros, delictivos y moralmente repudiables si se tratara de un mecanismo introducido por los propios interesados para prevenir o cubrir sus posibles responsabilidades o amparar denuncias de hechos de autoría ajena. Nada es descartable en hechos similares y la historia está repleta de ejemplos de uno u otro signo, especialmente frecuentes en momentos de agitación política y pérdida de valor de los derechos y las libertades individuales.
Debe investigarse, aun cuando la probabilidad de descubrir al culpable sea remota, quién ha sido el autor, mediato o inmediato, de un comportamiento que envilece en todo caso a quien lo haya propiciado. Que un Ayuntamiento o en un Ayuntamiento se utilicen este tipo de artificios, que se controle a los políticos al margen de un proceso en curso o que se extienda una sospecha generalizada sobre quien acude a gestionar sus intereses ante una Administración Pública, no es asunto baladí y no puede ser obviado o ignorado como ha hecho la concejal socialista Montesinos.
Si se tratara de una intromisión de terceros no solo se estaría ante un delito, sino que los resultados posibles obtenidos de esa actuación serían en todo caso ilícitos e inútiles. Y no muy diferente sería la situación si se tratara de una grabación ordenada o permitida por la autoridad pública, pues, aunque las conversaciones grabadas entre los interlocutores sin permiso de uno de ellos no son ilícitas y son eficaces, no está claro que sea así cuando uno de los intervinientes en la comunicación es y forma parte del Estado.
Dice la concejal de Urbanismo, Montesinos, que la policía no procedió a abrir la oportuna investigación ante hechos de tal gravedad. Lo dudo mucho, pues se trata de comportamientos con apariencia delictiva que no pueden ser archivados sin más o darles un tratamiento indebido. Se trata o se podría tratar de un grave delito que la policía no está habilitada a archivar, pues aunque el autor sea desconocido, es obligado incoar diligencias para proceder a su descubrimiento. Entiendo, pues, que éstas han de haber sido abiertas y estar en curso. Otra cosa sería ciertamente preocupante o, simplemente, Montesinos no dice toda la verdad acerca del caso o no la conoce. Toda explicación ajustada a la ley es admisible; nunca la que ofrece la concejal o una supuesta pasividad policial.
Grabar a un representante público sin orden judicial es insoportable para el sistema democrático y debe ser investigado hasta el fondo, para no dejar ni un resquicio de duda sobre si se trata de un hecho puntual o, como parece apuntarse en la información que suministra este diario, forma parte de una operación de mayor envergadura. Y conocer exactamente, en su caso, la extensión en el tiempo y en el lugar y personas. Y saber, en su caso, si lo que se airea como chisme, ocurrencia o inferencia se basa en actos ilícitos derivados de una intromisión generalizada en el Ayuntamiento.
Y, si se trata de otros comportamientos, ha de analizarse el alcance de éstos, pues toda grabación de sujetos intervinientes en conversaciones privadas, sin control judicial, es selectiva y fragmentaria, poco fiable y digna de repudio si está ordenada desde la propia Administración.
En todo caso, concluyo, es una vergüenza que a todos afecta y que debe ser remediada y aclarada. Cuánto tiempo y a quién se ha grabado, cómo y dónde, quiénes, por qué y para qué. No es una anécdota, sino un síntoma de degeneración de la ciudad y de su institución municipal.
