La semana ha sido, desde el punto de vista político e institucional, pródiga en acontecimientos: la declaración en Comisaría de un exalcalde y todavía diputado del PP por la comisión de presuntos delitos investigados por la UDEF, al que en un gesto legítimo en el ámbito privado pero impropio en un salón de plenos, el presidente de la Diputación, César Sánchez, acudió a dar un abrazo; el giro -este sí, de aplaudir- del mismo César Sánchez, buscando ahora el consenso de la oposición en el reparto de los fondos dirigidos a mejorar la situación de los municipios, que es la esencia de esa corporación; la firma de la entrada de la Generalitat en el Teatro Principal, después de 35 años de abandono; la intervención del candidato a presidir la Cámara de Comercio, Juan Bautista Riera, en el foro de INFORMACIÓN, la Universidad de Alicante y Bankia, que al cabo ha servido para despejar muchas dudas acerca del proceso y para aliviar la intensidad de la luchas patronales; la presentación de una propuesta de reforma constitucional por parte del Consell, primer gobierno autonómico que da un paso al frente en el desafío más importante que vive España, paso al frente que, como era esperable, no ha obtenido fuera de la comunidad reconocimiento...
Sin embargo, con ser todo importante, nada ha marcado más la semana que la entrevista que firmó en este periódico Carolina Pascual, en la que Gabriel Echávarri afirmaba con rotundidad que se mantendrá como alcalde hasta el final de este mandato, en 2019, y añadía que será el candidato de su partido para las próximas elecciones municipales. Se publicó el lunes y el martes el secretario general del PSPV, Ximo Puig, a preguntas de la Cadena SER, eludió respaldar al titular del Consistorio, mientras el mismo Echávarri trataba de restar importancia a la que había liado.
Echávarri no dijo nada que no esté en el guión. Un alcalde no anticipa su renuncia: la comunica el día que por fin se cae -o le hacen caer- de la nube y comprende que no queda otra salida que la dimisión. No conozco a ningún dirigente político imputado que no haya dicho que iba a seguir, y a repetir, y que a la hora de la verdad lo haya conseguido, salvo que su situación judicial haya dado un giro de 180 grados en su beneficio, cosa que no es imposible, pero casi nunca pasa.
¿Cuál es, entonces, la situación? Como saben, Gabriel Echávarri está imputado en dos casos en los que se le acusa de prevaricación. Uno de ellos es por el fraccionamiento de contratos en el área de Comercio, área a cuyo frente colocó a un asesor de su entera confianza, Pedro de Gea, pero cuya responsabilidad política se reservó para sí mismo. La juez que instruye el caso, llevado a los tribunales por el PP pero sobre el que pesa también la acusación nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción, dictó auto de procesamiento contra el que existe recurso del mismo Echávarri. La Audiencia tiene que dar respuesta a ese recurso. Puede archivar o rechazarlo. Todas las fuentes judiciales indican que la magistratura provincial se inclina por desestimar el recurso, lo que implicaría la apertura de juicio oral contra el primer edil y sus dos hombres de mayor confianza en el Ayuntamiento, el citado Pedro de Gea y su propio jefe de gabinete, que además es portavoz de la ejecutiva del PSOE, Lalo Díez. Es más, incluso es posible que Echávarri vea aumentar los delitos que se le imputan, porque al de prevaricación puede unirse el de cooperador necesario para los que se achacan a sus colaboradores. No sería ilógico, porque el poder de éstos en el Ayuntamiento es vicario: sólo lo tienen porque ejercen en su nombre.
El otro asunto por el que el alcalde se ve en los juzgados tiene que ver con el despido de una familiar del portavoz del PP, Luis Barcala. Pese a ser más lineal, este caso va algo retrasado respecto al anterior, puesto que no hay todavía auto de procesamiento y está pendiente de resolver el recurso de Echávarri para que se archive la causa. Sin embargo, todas las fuentes judiciales consideran que en este tema es, si cabe, donde más difícil escapatoria tiene el alcalde. Por refrescar la memoria, la despedida era cuñada de Barcala, en su misma situación había más de una decena de trabajadores en el Ayuntamiento pero sólo se la echó a ella y fue inmediatamente después de que el portavoz del PP presentara la denuncia anterior sobre el fraccionamiento de contratos. El alcalde alardeó en las redes sociales de que, con ese despido, le daba una lección a Barcala. Pero todo estaba pendiente de la declaración del entonces concejal de Cultura, Daniel Simón, de Guanyar. Relatando ante el juez con pelos y señales la llamada que recibió de Echávarri para el despido de esa persona y cómo la justificación que le daba era, precisamente, su condición de familiar del portavoz del PP, Simón ha dejado al alcalde en una posición extremadamente complicada. La Fiscalía, además, única acusación en este asunto, se opone al archivo y quiere que el caso se enjuicie. Y por lo general, esas peticiones de la Fiscalía nunca son desoídas por los jueces.
Todo esto empezará a despejarse a finales de este mes que acaba de comenzar. Antes del verano, estará claro si el alcalde esquiva las balas o se sienta en el banquillo por una de las dos piezas, si no por las dos. Diga él lo que diga, la cosa es que los estatutos del PSOE hablan muy claro: un cargo público contra el que se ha decretado la apertura de juicio oral debe dimitir o ser expulsado, lo que le convertiría en alcalde tránsfuga, una situación insostenible.
Todos los movimientos que en estos momentos se hacen en el Ayuntamiento tienen ese horizonte, el de que Echávarri se va, y no el de que Echávarri sigue. La cúpula del PSOE sabe que, de no haber sorpresas en los casos judiciales, no puede cerrar filas con el todavía alcalde, pero lógicamente quiere conservar pese a todo la presidencia del Ayuntamiento de Alicante, el más importante que los socialistas gobiernan. Si el alcalde tiene que dimitir, hay que ir a un pleno de investidura, donde, o un candidato obtiene 15 votos, o automáticamente sería proclamada para presidir la Corporación la persona propuesta por el partido que mejor resultado obtuvo en 2015, que fue el PP.
Después de muchas dudas, el PSPV tiene claro ya que, si Echávarri dimite, su candidata a la Alcaldía sería la concejal socialista Eva Montesinos, que cada día cobra mayor protagonismo. El propio Echávarri está de acuerdo, a la fuerza ahorcan. Montesinos contaría con seis votos de su partido (suponiendo que todo es pacífico, y Echávarri renuncia a su acta) y con los tres de Compromís, que es consciente de que volver al Ejecutivo en estas condiciones es un error, pero no encuentra otra salida: gestiona con los socialistas en Valencia y sabe que, aplicando el refrán, muerto el perro se acabó la rabia. Si Echávarri se va, no tiene argumentos para no apoyar la recomposición de un gobierno que cierre el paso al PP.
Pero eso suma nueve, no quince, y hoy por hoy no hay más. Ciudadanos no tiene intención de entrar en la partida, por mucho que Ángel Franco vaya contándole a todo el mundo que tiene ya amarrados no sé cuántos votos de ese grupo, y Guanyar está tan rota que depender de sus cinco concejales es jugar a la ruleta rusa. Podemos, que no tiene ningún concejal en el Ayuntamiento pero que es el verdadero dueño de los votos que sacó Guanyar, no ganaría nada con la maniobra, así que tampoco parece que vaya a apoyarla. Nerea Belmonte, que fue expulsada de Guanyar, no dará su respaldo si no se la rehabilita -sueldo incluido- y el tránsfuga de Cs, Fernando Sepulcre, depende del PP para seguir manteniendo sus emolumentos en la Diputación, que no son pequeños. Así que los números no salen.
En todo caso, fíjense que para desgracia de Alicante de lo que se está hablando es de cómo llegar al final de un mandato muerto, donde el Ayuntamiento no ha ejecutado nada relevante en más de dos años y su actual minigobierno a lo que se dedica es a prometer que hará lo que no hizo, en todo caso a trompicones y sin más criterio que la estrategia política del alcalde de querer aparentar que él acaba de llegar. Con todo, la escandalera no cesa. Lo último lo publicamos hoy: dispositivos de grabación en el despacho de Urbanismo, que ahora ocupa Montesinos y donde hasta hace nada reinaba Pavón. Esto no es una ciudad: es un [patético] parque temático.
Consciente de lo mucho que se juega en Alicante, de cara sobre todo a las elecciones autonómicas, la cúpula del PSPV está ya en otra estrategia. Primero, la de descontar al propio Echávarri y también a Montesinos, que incluso si ahora lograra la Alcaldía no sería alcaldable aunque luego se le recompensarían los servicios prestados en las próximas candidaturas. Segundo, la de conformar ya una lista del presidente, un grupo de líderes sociales, políticos y económicos alicantinos que conformen un colectivo de apoyo a Ximo Puig. No es una estrategia nueva: está en todos los manuales de política, en el capítulo dedicado a qué hacer cuando la marca personal de un dirigente está mejor valorada que la de las siglas que representa. Y gente para ello, de la que al final saldría quien encabezaría la candidatura a la Alcaldía, incluso como independiente, podría tener Puig en Alicante más de la que se cree. Algo así, aunque a escala menor, ya se hizo en las pasadas autonómicas, con la oficina que por encargo de Puig montó en Alicante el hoy presidente del puerto, Juan Antonio Gisbert, y no salió mal: en la provincia, el PSPV sacó diez puntos de ventaja a Compromís, que fueron los que dieron la presidencia a Puig en vez de a Mónica Oltra. Pero la exigencia esta vez es mayor y el obstáculo que ya se evidenció entonces no sólo no se ha eliminado, sino que es más firme: nadie con dos dedos de frente quiere embarcarse en ninguna plataforma, por mucho que el jefe del Consell la promueva, mientras la agrupación local socialista esté controlada por Ángel Franco y su secta. De hecho, si Puig quiere hacerse cargo del problema sólo tiene que ver lo que está pasando con dos mujeres de gran predicamento entre los sectores progresistas de Alicante: Josefina Bueno y Juana Serna. Él mismo las llamó a participar en su proyecto, a la primera (no afiliada) como directora general de Universidades y a la segunda (histórica del partido) como presidenta del PSPV. A ambas las ha dejado solas ante los lobos y las ha desaprovechado. Están los tiempos como para eso. Y no lo digo porque el jueves sea 8 de marzo. Que también.
