La apertura de juicio oral contra Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi nos confirma que la utilización de los tiempos judiciales y de nuestro garantista sistema procesal en beneficio propio no siempre resulta tan buena idea como en un principio podría parecer. Antes o después la justicia comienza su actuación definitiva y a veces el paso del tiempo puede ser perjudicial. La petición de 10 años de cárcel para Castedo y Díaz Alperi por parte de la Fiscalía Anticorrupción llega en el peor momento para los dos exalcaldes de Alicante por dos motivos distintos. En primer lugar, porque con la confesión de Ricardo Costa -dada la importancia que tuvo en el organigrama del PPCV- hace unas semanas admitiendo la financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y con la confesión anterior de un buen número de empresarios valencianos, admitiendo haber dado dinero para obtener contratos públicos, la vista oral que se celebrará dentro de unos meses coincidirá con condenas a altos miembros del PP valenciano por delitos parecidos o relacionados por lo mismo, por lo que se enjuiciará a ambos expolíticos alicantinos. Y en un segundo lugar hay que resaltar que el juicio se celebrará en un ambiente procesal completamente distinto al que se hubiera desarrollado hace unos años si las defensas de ambos no hubiesen dilatado los tiempos de manera descarada valiéndose de su condición de aforados, es decir, con un Partido Popular valenciano en descomposición como consecuencia de las confesiones de imputados y con sentencias condenatorias más que probables.
Respetando la presunción de inocencia de Sonia Castedo y con independencia de las escuchas telefónicas practicadas por la policía judicial y autorizadas por el juzgado competente, que dieron fin a su carrera política, creemos que Castedo cometió un doble error. El primero, asumir como algo normal lo que veía a su alrededor. A la vista de todos los casos de corrupción que se han ido conociendo de manera paulatina en los últimos años, y que sitúan el comienzo de la corrupción masiva del Partido Popular en la Comunidad Valenciana prácticamente desde que los populares alcanzaron el poder a mediados de los 90, cuando Sonia Castedo entró en el Ayuntamiento de Alicante, recién terminados sus estudios universitarios, debería haber preguntado a alguien de confianza si aquello era normal y si era delito. En vez de ello, asumió como inevitable lo que veía y se subió al carro de chanchullos del PP. Fruto de ello fueron los regalos de viajes, ropa exclusiva, un coche y un largo etcétera por parte del constructor Ortiz -instalado en el Ayuntamiento por Luis Díaz Alperi-, que han significado para Castedo una petición de cárcel de diez años que va a suponer que muy difícilmente eluda entrar en prisión. El segundo error fue pensar que en su partido la iban a apoyar. Dado que en comparación con otros compañeros de partido que se habían forrado gracias al amaño de planes urbanísticos y reciclaje de basuras, los regalos de Ortiz eran peccata minuta, pensó Castedo, y no sin cierta razón, que en su partido no le darían mayor importancia a sus problemas judiciales y que la dejaría continuar en el cargo hasta terminar su mandato e incluso optar a otro gracias a la lentitud de la justicia provocada por la utilización torticera de las garantías procesales de sus abogados, como si el paso del tiempo fuese a limitar la consecuencia penal.
Debería preguntarse Castedo por qué la eligió Díaz Alperi para sustituirle o si más bien fue el constructor Ortiz quién dijo a Alperi la persona que debía continuar al frente del Ayuntamiento de Alicante. Una vez acreditado el enorme valor de los regalos hechos por Ortiz a Alperi -además de entregas de dinero en efectivo acreditadas también judicialmente- resulta evidente el poder que Ortiz tenía sobre el exalcalde.
Por otra parte, aunque resulta extraño que el actual portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, y el vicepresidente de la Diputación de Alicante, el también popular Carlos Castillo, nunca sospecharan nada de las actividades presuntamente ilícitas del exalcalde y de la exalcaldesa que han terminado por sentarles en el banquillo, estamos seguros que, de haberlo sabido, habrían acudido raudos a la Fiscalía Anticorrupción. Fue sorprendente el silencio de todos los concejales del PP alicantino cuando las escuchas telefónicas salieron a la luz pública.
Al actual gobierno municipal dirigido por el PSOE se le podrán achacar todos los errores que se quieran y, en muchos casos, con razón. Se podrá decir que durante años personas con muy escasa formación estuvieron al frente del socialismo alicantino. De acuerdo. Se podrá decir que esta situación se revirtió cuando Miguel Ull tomó las riendas durante un breve espacio de tiempo que supuso el fin de las egolatrías y de los caraduras que querían vivir de asesores toda la vida. De acuerdo, también. Pero una cosa está clara: con el PSOE dirigiendo el gobierno municipal se ha acabado la corrupción en el Ayuntamiento de Alicante. Que quede claro.
