César Sánchez lo tenía todo en su mano para haber convertido la Diputación en una institución moderna. Siempre se le ha reconocido, dentro y fuera del PP, un talante dialogante. Tenía capacidad de interlocución con todo el arco político. Venía de la gestión del municipalismo como alcalde de Calp y no de la imposición de un cargo interno del PP. Y hasta en múltiples ocasiones ha verbalizado ideas de cambio realmente innovadoras dentro de su partido. Ahora tenía la oportunidad de aplicar esa nueva imagen a la gestión de la institución alicantina, la Diputación ubicada en la provincia de España más importante que no es capital autonómica. Pero, sin embargo, pasados dos años y medio de su toma de posesión, César Sánchez se ha topado con el mismo problema que tuvieron todos sus compañeros de partido que le precedieron: el eterno conflicto sobre el reparto de las inversiones municipales. La gestión de Julio de España, como se recordará, fue condenada en los juzgados con una sentencia con anulaba el plan de obras de 1999 por discriminación y arbitrariedad. Joaquín Ripoll utilizó los fondos de la Diputación para premiar a los pueblos de sus alcaldes afines dentro de una guerra interna del PP en la que Camps, desde la Generalitat, regaba con dinero a los suyos. Y, finalmente, Luisa Pastor era tan consciente de que su mandato era una etapa de transición que ni siquiera se decidió a intentar diseñar un sistema de reparto de obra pactado y aceptado por todos. Así que César Sánchez, en una etapa sin mayorías y en la que debía primar el diálogo, tenía una gran oportunidad. De momento, la ha desperdiciado. La primera mitad del mandato se dedicó a guerrear con la Generalitat. Y ahora en la recta final se ha encontrado con la cruda realidad: ni hay criterio en la concesión de las ayudas directas ni tampoco en los planes de obras. Nadie ha definido tres conceptos claves: necesidad, emergencia y prioridad. Y César Sánchez, salvo que suelte lastre en su propio grupo, tampoco lo hará.
