Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) sustituyen a las anteriores intervenciones promovidas y financiadas con fondos europeos que se realizaron bajo el epígrafe de proyectos pilotos urbanos, proyectos Urban I y II, junto a otras actuaciones de desarrollo local que recibieron fondos europeos desde 1990 a 2013. En España se desarrollaron un total de 91 intervenciones distintas, todas ellas con el denominador común del desarrollo urbano, desde diferentes perspectivas. Sin embargo, a partir de 2014, se renuevan estas actuaciones mediante un nuevo enfoque que incorpora una visión integrada del desarrollo sostenible, según se recoge en el artículo 7.4 del reglamento del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), que toma cuerpo en las nuevas EDUSI, a las que se dedican al menos el 5% de los recursos del FEDER.
Las EDUSI incorporan elementos nuevos en los retos urbanos sobre los que actúan, introduciendo con fuerza el concepto de desarrollo sostenible de forma transversal que debe incidir sobre los cinco retos definidos en el artículo 7 del Reglamento del FEDER, es decir, sobre aspectos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales. Estos pueden haber sido ya diagnosticados previamente en las ciudades por las autoridades locales o necesitar de procesos nuevos de identificación, con un componente muy fuerte de implicación y participación pública que culmine con análisis integrados mediante Programas Operativos de Crecimiento Sostenible (POCS), realizados a partir de diagnósticos precisos de la situación del área urbana objeto de la intervención.
Hay que destacar que las EDUSI deben estructurarse mediante una estrategia de intervención precisa, junto a una elección y jerarquización clara de retos y objetivos a llevar a cabo, atendiendo a una escala adecuada para resolver los problemas urbanos identificados. Al mismo tiempo, las EDUSI deben prestar una especial atención a la participación activa de ciudadanos, agentes y sectores implicados, además de principios de actuación horizontales y transversales en cinco ejes clave, como son la igualdad y no discriminación, el desarrollo sostenible, la accesibilidad, los cambios demográficos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.
Acceder a una EDUSI no ha sido nada fácil por lo que hay que destacar el riguroso y exigente proceso de revisión y selección que han tenido todas las propuestas aprobadas hasta la fecha, que en la provincia de Alicante han sido Orihuela, Villena y Alicante en el año 2016, junto a Elche, Alcoy y Calp en 2017. Todos los proyectos a desarrollar comparten dos criterios decisivos para su ejecución, como son un buen diagnóstico previo de carácter participativo, así como un análisis pormenorizado de los cambios demográficos en las zonas donde se desarrollan las Estrategias DUSI. En el caso de Alicante, afecta a los entornos de Las Cigarreras, comprendiendo los barrios de San Antón, Mercado, Carolinas Bajas, Monte Tossal, Campoamor y parte de Pla Carolinas y Altozano, con una población de unas 34.000 personas.
De las 16 actuaciones previstas para 2018 en Alicante, quiero detenerme, por varios motivos, en una de ellas que no aparecía recogida en el listado inicial, y ello por varios motivos: no se alinea bien con los criterios anteriormente mencionados, no parece ser una prioridad y tampoco se comprende bien la forma y el fondo de la intervención aprobada. Me refiero al «programa de formación permanente para personas migradas», adjudicado en medio de una notable polémica. Los barrios afectados por la estrategia EDUSI «Las Cigarreras», vienen perdiendo población en los últimos años, tanto autóctona como especialmente extranjera, en consonancia con el descenso desde 2009 de la población inmigrante en Alicante que reside en el conjunto de la ciudad, y cuyo retroceso es del 13% en los últimos siete años. De esta forma, ya no llegan nuevos inmigrantes a la ciudad (salvo alguna nacionalidad aislada y los procesos de reagrupación familiar) sino que un buen número de ellos han retornado a sus propios países en los años duros de la crisis como estrategia de supervivencia. Así las cosas, el grueso de los inmigrantes que viven en la ciudad llevan muchos años residiendo en ella, con procesos muy vigorosos de inserción social y urbana. Sus preocupaciones y necesidades no pasan por una «formación permanente» por el hecho de ser inmigrantes, sino que pasan por otras necesidades que tengan en cuenta sus particularidades jurídicas, así como sus dificultades laborales, de alojamiento y por ello, de inserción social. Todo esto debía haber sido diagnosticado previamente desde instituciones especializadas en materia migratoria.
También debe insistirse en el hecho de que todos los proyectos que cuentan con financiación de la UE, incluyendo las EDUSI, deben cumplir unos criterios antifraude muy estrictos que van más allá de lo meramente formal, para respetar los estándares éticos y morales más altos junto a principios muy exigentes de integridad, objetividad y honestidad. Todo ello choca con la polémica poco edificante relacionada con este contrato de formación permanente para personas migradas y con lo defendido por la concejala de Inmigración, Gloria Vara, en el Pleno, al afirmar: «No es una cuestión ética o estética, sino simplemente de legalidad». No parece que ese deba de ser el único criterio que desde los responsables del gobierno municipal tengan que aplicar en sus contratos vinculados a los proyectos financiados por la Unión Europea, ni mucho menos.
