El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la sentencia que ya dictó en 2013 anulando el acuerdo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que aprobó en mayo de 2008 una subida ilegal de sueldos para el entonces alcalde del PP, Arturo González Panero, alias «El Albondiguilla» -uno de los principales imputados en el caso Gürtel-, sus ediles, sus cargos de confianza y todos los empleados municipales. Ese acuerdo fue ilegal y, en consecuencia, El Albondiguilla y sus amigos y más de 400 funcionarios deberán devolver años de subidas ilegales.

Algo más grave que lo de Boadilla del Monte, aunque referido a un solo sujeto, ocurrió en Torrevieja: el PP utilizó su mayoría absoluta para vulnerar la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y favorecer a uno de los suyos, lo que fue denunciado por Los Verdes. En octubre de 2014, el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche dictó sentencia declarando nulo el acuerdo del pleno de fecha 24.09.2007 por el que se aprobó la compatibilidad solicitada por el entonces concejal de Hacienda Joaquín Albaladejo Martínez para ejercer sus actividades privadas como abogado, agente de la propiedad inmobiliaria, administrador de fincas y gestor inmobiliario del BSCH, mientras percibía el sueldo público de concejal con dedicación exclusiva.

La sentencia subraya la incongruencia de la declaración de compatibilidad de Albaladejo al señalar que el ejercicio de esas tres actividades no pueden considerarse como «marginales» porque cada una de ellas absorben un tiempo importante al profesional que las ejerce, de manera que no pueden ser compatibles con el cargo de concejal en régimen de dedicación exclusiva.

Ante el evidente conflicto de intereses entre sus negocios privados y su actividad pública, la sentencia también resalta que «los conocimientos de primera mano que el concejal podía tener sobre la planificación urbanística del municipio ya eran razón suficiente para que se le denegase la compatibilidad solicitada».

Durante el mandato municipal 2007/2011, Albaladejo mantuvo la situación de incompatibilidad entre sus negocios privados y sus actividades públicas municipales (concejal, primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Popular), percibiendo del Ayuntamiento unas retribuciones anuales de 46.200 euros. Esto explica el agradecimiento que Albaladejo siente por su mentor, el entonces alcalde Pedro A. Hernández Mateo.

Siendo alcalde Eduardo Dolón el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta para que el ayuntamiento recurriera ante el TSJCV la sentencia del juzgado de Elche. A su vez, Los Verdes también pidieron que la justicia procediera a cuantificar y a ordenar la devolución de las cantidades que el hoy diputado Joaquín Albaladejo cobró ilegalmente del Ayuntamiento de Torrevieja durante el mandato municipal 2007/2011. Todavía estamos a la espera de que se resuelvan estos recursos judiciales.

Los casos de El Albondiguilla y de Albaladejo son paradigmáticos de la forma espuria con la que el PP utiliza sus mayorías para beneficiar económicamente a sus propios cargos públicos aun a costa de vulnerar la ley.

La desvergüenza es manifiesta incluso cuando no incumplen las normas. Es el caso, por ejemplo, de una noticia que recogió Información hace unas semanas: El vicepresidente 1º de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, vuelve a nombrar a José Francisco Mancebo director del Patronato de Turismo Costa Blanca tras subirle el sueldo 10.000 euros al año. Más allá de la anécdota de que un mancebo fuera el protector de Eduardo Dolón y de que un Mancebo sea su protegido, esta subida de 10.000 euros al año en lo que ya antes era un sueldazo, pone de manifiesto que hay mucha gente metida y confabulada en política para vivir muy bien a costa del erario público. Los mismos que no tienen el menor rubor en ponerse grandes sueldos públicos, son los que han decidido que los trabajadores españoles tengan sueldos precarios y que los pensionistas y los empleados públicos sufran una pérdida continuada de su poder adquisitivo.

Mientras que los del PP le suben al Sr. Mancebo la friolera de 10.000 euros al año, los pensionistas tienen que resignarse a sufrir una «subida» anual del 0,25%. En una pensión mensual de 1.000 euros, la subida es de 2,5 euros.

Y encima tenemos que escuchar a M. Rajoy pidiendo a los españoles que ahorren para su pensión y la educación de sus hijos. ¿Pensará que en España todos cobran lo mismo que Albaladejo y Mancebo?