En el momento decisivo, diez años después de que el procedimiento empezara, el PSOE sorprendió ayer retirándose de la pieza que investiga el presunto amaño del PGOU de Alicante, dentro del denominado «caso Brugal» y no presentando, en consecuencia, acusación ni contra los exalcaldes Alperi y Castedo, ni contra el constructor Enrique Ortiz. Los socialistas -aunque se desconozca qué órgano del partido ha decidido tal cosa en qué reunión- alegan en un escrito difundido ayer que, estando el Ayuntamiento y el fiscal personados, los intereses de los ciudadanos están defendidos y, por tanto, no es necesaria su presencia. El argumento es falaz por varias razones: primero porque el PSOE ejercía en este caso, o eso se suponía, una legítima acción política, no sólo judicial, a la que por lo que se ve está ahora dispuesto a renunciar; segundo, porque escudarse en el Ayuntamiento es una moneda de doble cara: ¿y si mañana lo gobierna otro partido y se retira?; tercero, porque el fiscal estaba desde el primer día, por lo que llevando al absurdo el argumento, no sólo habría sido innecesario que el PSOE se sumara al procedimiento, sino que ni siquiera habría hecho falta que el Ayuntamiento entrara puesto que el bien general ya estaba sostenido por el Ministerio Público. Ante un hecho tan relevante como falto de explicación, sólo caben las especulaciones. ¿Piensa el PSOE que la causa del PGOU puede acabar archivada como la de Rabasa y quiere ahorrarse el sofoco? ¿Está funcionando la solidaridad entre alcaldes imputados, aunque sea por motivos muy diferentes, y Echávarri ha frenado a su partido? ¿O la que funciona es la conexión entre el verdadero factótum socialista, Ángel Franco, y el promotor acusado? No sé cuál de las tres opciones resulta peor. Lo que sé es que Echávarri ha pasado, de pedir que Castedo fuera a la cárcel, a no tener interés en formularle siquiera una pregunta en un juicio.
