El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre las pensiones en España vuelve a alertar acerca de la más que previsible caída en la cuantía de las pensiones que se producirá en los próximos años a tenor de las reformas que ha hecho el Partido Popular. Así, según afirma este último informe de la OCDE, la tasa de sustitución, es decir, la pensión que finalmente cobra un jubilado y que en la actualidad se sitúa alrededor del 82% de su salario, podría bajar al 72% de manera rápida e incluso llegar al 42% en un futuro no muy lejano si el Gobierno de España persiste en la desmantelación paulatina que poco a poco ha ido haciendo del sistema de pensiones público español.

Se podría decir que son dos los principales motivos de esta más que probable futura bajada de la cuantía de las pensiones. En primer lugar, la gran reforma que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho del sistema de pensiones español. Desde la primera medida que impuso que las pensiones dejaran de actualizarse en función del IPC hasta la última que consistió en aumentar la edad de jubilación so pena de ver penalizada y por tanto reducida la cuantía a recibir en caso de que un trabajador pretendiese pasar al retiro laboral al cumplir los 65 años, el Partido Popular ha sido leal y aplicado alumno de los principios liberales que, casualmente, centran las supuestas soluciones para conseguir una mejor economía de España en la bajada de salarios, de pensiones y en la precarización de los contratos laborales. Nunca los organismos internacionales o europeos competentes en materia de planificación económica europea han hablado de recortes en los beneficios de las grandes empresas o en crear nuevos impuestos a los bancos. Nunca. Los recortes siempre se han centrado en los ciudadanos.

En segundo lugar, la generalización de los contratos de trabajo temporales y la trampa de los falsos autónomos supone otro principal elemento que traerá la bajada de la cuantía de las pensiones. Con contratos de media jornada se consiguen pensiones de media jornada. Con la sustitución de trabajadores temporales y fijos por falsos autónomos sin derecho a vacaciones ni a bajas por enfermedad o accidentes que además tienen que pagarse su seguro social se consiguen trabajadores convertidos en esclavos de sí mismos. El panorama a medio plazo es muy desalentador.

Si no fuera por lo serio del asunto resultaría cómico que la misma OCDE que lleva años propugnando por la libertad de contratación para España como medio, al parecer, de solucionar los males creados por una crisis económica causada, precisamente, por la liberalización y falta de control de los mercados,y la misma OCDE que advierte sobre la urgencia de aumentar la edad mínima de jubilación para los trabajadores españoles venga ahora a alertar de los resultados que de manera más que probable tendrán las medidas que cree imprescindibles para sanear nuestra economía.

Lo que subyace de manera clara debajo de toda la propaganda que los ultraliberales llevan años haciendo de los «grandes males» que según ellos supone para nuestra economía el gasto social, es el deseo de los inversores económicos y de los lobbys financieros por hacerse con la mayor tajada posible del dinero que los Estados recaudan de los ciudadanos para destinar al gasto público. Los medios empleados para ello son y han sido tan obvios y fáciles de ver llegar que resulta ridículo y exasperante que los ciudadanos no se hayan dado cuenta. En un primer momento se desprestigia todo lo público en conferencias impartidas por conocidos políticos a sueldo de bancos y grupos de inversión que se suelen celebrar en edificios lujosos del centro de una ciudad. En segundo lugar, se trata de convencer a los electores de que la política está llena de inútiles y manirrotos que se gastan el dinero público en subvenciones y «mamandurrias» -como diría Esperanza Aguirre- y que por tanto el único partido que lo va a solucionar es de derechas. En tercer lugar, cuando los liberales consiguen el poder político se privatizan todos los servicios públicos o, lo más habitual, se regalan a precio de saldo a amigos de la cúpula del partido que está llevando a cabo las privatizaciones. En último lugar, una vez causada la ruina al sistema público y con las empresas adjudicatarias en quiebra por no saber prestar el servicio, el Estado debe rescatar las concesiones e indemnizar a las empresas que llevaron a la ruina el antiguo servicio prestado por la Administración Pública.

El sistema de pensiones español fue desarrollado durante los gobiernos socialistas de Felipe González en los 80 y 90, cuando el PIB español era mucho menor que hoy día. El problema es que ahora el dinero que debería guardarse para las futuras pensiones se utiliza para construir infraestructuras inservibles como, por ejemplo, aeropuertos sin aviones o circuitos de Fórmula 1, que son una ruina económica y a menudo horteras pero gracias a los cuales se generan muchas comisiones y estómagos agradecidos y fieles. Que no le engañen.