Con los independentistas en vía muerta se ha producido un fulgor constitucionalista que, fatalmente, no encuentra eco en los llamados partidos constitucionalistas, divididos y sin capacidad de reacción frente a la parálisis. El juez Llarena se ha convertido en guardián del Estado de derecho, encauzando la necesidad política a través del procedimiento jurídico en una especie de encaje de bolillos; el ex primer ministro francés Manuel Valls anima a la nación española a rebelarse contra quienes la amenazan y las banderas rojigualdas permanecen en los balcones de muchos lugares de España como si la sociedad no quisiera bajar los brazos. Todo esto puede que suene algo rimbombante pero más o menos está sucediendo así mientras una imagen de inanidad se proyecta sobre los políticos, de Rajoy a Arrimadas. En el primero de los casos forma parte de la esencia del presidente del Gobierno esperar a que los problemas acaben solucionándose solos; estamos acostumbrados a las remontadas en el último minuto del partido.
Arrimadas juega su partida catalana sin poner en riesgo la estrategia nacional después de que los sondeos revelasen el ascenso de Ciudadanos en el resto del país, un valor algo volátil. España ha estado dependiendo de Cataluña, y ahora con el estancamiento es al revés. El partido naranja no encuentra facilidades en la aritmética parlamentaria, pero es cierto que tampoco parece dispuesto a escenificar, al menos, el paso al frente que se le exige al ganador de las elecciones. Cedió la iniciativa a los nacionalistas, no tenía otro remedio dado que no iba a encontrar los votos que necesita en En Comú y que el camino de los indepes parecía menos tortuoso, pero ahora se está dejando llevar por la inercia. El PSC y el PP han encontrado en la parsimonia del partido de Rivera un buen caldo de cultivo para tratar de reducir las posibilidades de un próximo adversario en las urnas.
