Durante todo el "proceso" catalán, la táctica de los indepententistas ha sido "desobedecer burlando". Sabían en todo momento que estaban aprobando Leyes y otras resoluciones abierta y flagrantemente inconstitucionales, pero, como lo hacían antes de que el TC hubiera tenido tiempo de declarar inconstitucional o de suspender el paso anterior de su plan, alegaban que "no lo sabían" y que cuando ellos habían actuado, nadie les había dicho que no debían hacerlo. Algo infantil (y contrario a la buena fe), pero con muchos seguidores: parece mentira, pero esta carrera entre Aquiles y la tortuga tiene tanta audiencia como la Fórmula 1. Se había programado para el día 30 de enero el estreno de la nueva temporada de esta serie. Se ha explicado hasta la saciedad por qué no puede investirse presidente a Puigdemont a distancia y sin pasar por el juez de instrucción que ha ordenado su detención. Verdaderamente supondría una burla total del sistema, que es lo único que se pretende por los independentistas. Pero el debate se traslada (lo trasladan) a si el TC tendrá tiempo de decirles, antes de que lo hagan, que no pueden hacerlo. La próxima vez que me pongan una multa por un exceso de velocidad, alegaré que ni el TC ni otro tribunal me había advertido de que no podía hacerlo, ni me había ordenado quedarme en casa. Llegados a este punto, el Gobierno, para no verse colocado el día 30 ante nuevos hechos consumados ("no hemos tenido otro remedio que investir a Puigdemont porque el TC no había suspendido la convocatoria"), decide impugnar ante el TC la resolución por la que se convoca el pleno para investir a Puigdemont. Efectivamente es discutible que en esa convocatoria ya se esté vulnerando la Constitución, porque todavía podrían suceder muchas cosas antes del desenlace anunciado (aunque rozan lo imposible). De ahí las reticencias del Consejo de Estado. El TC ha pagado al presidente del Parlamento catalán con la misma moneda que se ha utilizado con él: una larga cambiada. No decide todavía sobre la admisión del recurso porque existen dudas y quiere oír a todos los interesados. Ese es un movimiento inobjetable, habitual y a veces obligado en los tribunales antes de tomar una decisión relevante sobre la que existen dudas, y que fortalece la decisión del TC ante eventuales impugnaciones ante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, para evitar que el retraso en la decisión (que llegará después del día 30), produzca una situación de hechos consumados, es decir, la investidura de Puigdemont, la excluye expresamente salvo que se produzca por los cauces normales (es decir, en presencia y después pasar por el Tribunal Supremo). Las medidas cautelares, que el TC puede adoptar como cualquier otro tribunal (lo permite su Ley Orgánica y están reguladas en la LEC, que se aplica supletoriamente), están precisamente para evitar que la demora de una resolución judicial prive a ésta de efectos, es decir, para evitar que la decisión llegue demasiado tarde. Aquí, el fondo del asunto no es si se puede recurrir o no la decisión del presidente del Parlamento catalán, sino si se puede investir a alguien a distancia y a pesar de una orden de detención. Y el TC ha querido evitar que la demora en la admisión del recurso facilite esa investidura. Por otro lado, no es raro en el TC y en otros tribunales constitucionales que adopten decisiones procedimentales que no están previstas en su legislación pero que se justifican sobre la base de valores constitucionales. Sin ir más lejos, desde 1989 el TC dispone, en algunas sentencias, que no produzcan efectos retroactivos, sin que ni la LOTC ni ninguna otra Ley se lo permitan (y no se trata de una decisión con efectos meramente temporales, sino definitivos y muy cuantiosos). El Gobierno no pidió expresamente la medida cautelar, pero no necesitaba hacerlo, porque el recurso que presentó ante el TC comporta la suspensión automática de la decisión impugnada. Durante décadas se ha lamentado que las instituciones de la democracia de Weimar encargadas de la defensa de la Constitución, por su positivismo formalista y su neutralidad, estuvieran inermes ante la llegada Hitler. De ahí que después de la Segunda Guerra Mundial ese formalismo haya sido sustituido por un ordenamiento basado en valores materiales (empezando por el Estado de Derecho). No nos encontramos ni de lejos en una situación parecida. Pero nadie debe sorprenderse de que las instituciones (ahora, el TC), en lugar de dejarse "hackear" por los aprendices de brujo independentistas, y hacer lo que ellos pretenden, que es dejarlas en ridículo, reaccionen.
