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Por qué dicen que suben, cuando nos van a reducir más de un tercio la pensión

El progresivo empobrecimiento de los pensionistas

Hace dos años -en febrero de 2016- publiqué un artículo en el que alertaba sobre el empobrecimiento que iban a tener los pensionistas con la reforma que aprobó el gobierno del Partido Popular en 2013 y que acabó con la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo. Cumplidos ya cuatro años de la aplicación de aquella reforma, he vuelto a examinar los datos y las perspectivas se ha vuelto aún más preocupantes para el futuro de nuestras pensiones. Y ello básicamente por dos razones. En primer lugar, la inflación pasó de una tasa negativa en 2014 (-1,4 por ciento) a superar un punto en 2017 (1,1 por ciento) y parece que las expectativas no son de una reducción en los próximos años, sino más bien todo lo contrario. En segundo lugar, y a pesar de que se está creando empleo, la recuperación no está llegando a las cuentas de la Seguridad Social, ya que la diferencia entre ingresos y gastos se saldó en 2017 con un déficit corriente de casi 19.000 millones de euros. Si se toma el déficit acumulado en los cuatro años de aplicación de la reforma (2014- 2017), la cifra asciende a 69.000 millones de euros y en la hucha de las pensiones sólo quedan 8.065 millones, cuando llegó a tener 66.815 en el año 2011. Con este panorama financiero de la Seguridad Social -y no se espera que vaya a cambiar a medio plazo- parece claro que el famoso Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones quedará congelado en ese 0,25 por ciento que se ha venido aplicando en estos años. Menos manipulación y más información. Recientemente, Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social -que pertenece a ese espécimen que pone en su curriculum lo de "cursó estudios de€", para ver si cuela como título universitario-, ha calificado de "irrelevante" la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en estos primeros cuatro años de la reforma. Tal afirmación proviene de que compara la tasa media de inflación de cada año y la subida anual de las pensiones, olvidando que hasta la reforma de 2013 las pensiones se revalorizaban todos los años con la tasa de inflación anual y no con la media. Así pues, si se utiliza la variación anual del IPC el resultado es bastante distinto: entre 2014 y 2017 la subida acumulada de los precios fue de un 1,7 por ciento y la de las pensiones sólo fue del 1 por ciento; por tanto, la pérdida de poder adquisitivo fue del 0,7 por ciento, siete veces mayor que el 0,1 por ciento que es la información suministrada por Tomás Burgos. Y la diferencia tiene su importancia, pues -por ejemplo- un jubilado que perciba la pensión mínima, cuyo importe en 2017 fue de 605 euros mensuales, en el periodo 2014-2017 ha visto reducido su poder adquisitivo en 141 euros, mientras que si se utiliza el dato que emplea Tomás Burgos la pérdida se reduce a tan sólo 19 euros. Para evitar estas manipulaciones y ofrecer una información veraz a los ciudadanos, sería muy conveniente que la Seguridad Social incorpore a su página web un simulador para los pensionistas que permita calcular en cualquier momento la variación del poder adquisitivo que ha tenido su pensión, de igual forma que los activos pueden ya autocalcular su pensión futura. Y, si no lo hace la Seguridad Social, animo a que algún departamento universitario ofrezca este servicio a la ciudadanía. A largo plazo estamos todos los muertos. La famosa sentencia de John Maynard Keynes es algo totalmente aplicable a nuestro recorrido vital; sin embargo, desde la reforma de las pensiones aprobada en 2013, en el viaje hacia el final de la vida vamos a tener un nuevo acompañante: la pensión menguante que nos ha aprobado el Partido Popular. La gente es razonablemente buena a la hora de formular estimaciones basadas en la suma, pero cuando se enfrenta a operaciones como el interés compuesto, que dependen de multiplicaciones repetidas, subestima sistemáticamente lo rápido que crecen o decrecen las cosas. Y eso es lo que va ocurrir con nuestra pensión al ir perdiendo poder adquisitivo año tras año. Para escenificar este deterioro a largo plazo supongamos tres trabajadores que se han jubilado el 1 de enero de 2018 y que su esperanza de vida es de veinte años. Los denominaremos "el bajo" (pensión mínima sin cónyuge a cargo), "el medio" (pensión media de jubilación en 2017) y "el alto" (pensión máxima). Como hipótesis de crecimiento de la inflación supongamos una tasa del 1,4 por ciento para este año 2018 y un incremento suave hasta alcanzar el 2 por ciento (objetivo de evolución de los precios del Banco Central Europeo) en el año 2021, para luego mantenerse estable hasta el 2037 (supuesto, por cierto, muy optimista). Por otra parte, el valor del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones -por las razones comentadas anteriormente- se supone que se mantendrá invariable en un 0,25 por ciento. Bajo estos supuestos se hizo una simulación de cómo evolucionarían año a año las pensiones de nuestros tres tipos de jubilados. El primer resultado, común a los tres, es que dentro de veinte años su pensión habrá perdido un 34 por ciento de su poder adquisitivo. Durante el periodo 2018-2037, el jubilado "bajo", que en 2018 percibirá una pensión de 606 euros mensuales, acumulará unas pérdidas de 3.380 euros. En el caso del jubilado "medio", que parte con una pensión de 1.074 euros, las pérdidas acumuladas ascenderán a 5.985 euros, mientras que el jubilado "alto", con una pensión inicial de 2.580 euros mensuales, sumará unas pérdidas de 14.381 euros en el año 2037. Si se pasa del nivel individual al agregado, y se tiene en cuenta que en 2017 el número de pensiones ascendía a 9,6 millones de personas -a lo que habría que sumar los olvidados jubilados de MUFACE-, parece bastante plausible -en función de la evolución de la esperanza de vida y la jubilación del baby boom- que se pueda manejar la cifra de 12 millones de pensiones como media para el período de los próximos veinte años. Pues bien, si la subida anual se mantiene en el 0,25 por ciento y la inflación no rebasa el 2 por ciento, los jubilados españoles dejarán de percibir más de 65.000 millones de euros entre 2018 y 2037, y esa cantidad podrá ser mucho mayor si la inflación en España supera las previsiones del Banco Central Europeo. En este país, en donde el rescate bancario nos va costar a los españoles -según el Banco de España- más de 60.000 millones de euros, en el que por la vía del subterfugio de los llamados CTC (costes de transición a la competencia) les hemos metido en el bolsillo de las eléctricas más de 22.000 millones de euros, en el que se van a rescatar unas cuantas autopistas de peaje, etc., parecería lógico que el Gobierno acudiese también al rescate de los casi nueve millones de españoles mayores de 65 años que hoy viven en España, casi el 20 por ciento de la población, colectivo que va a sufrir en los próximos años una significativa reducción del poder adquisitivo de su pensión. No es una cosa extraordinaria, se trata de dar cumplimiento al artículo 50 de nuestra Constitución: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Y si no está suficientemente claro el mandato constitucional del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que los partidos políticos acuerden una mayor concreción y hagan una reforma exprés de la Constitución como se hizo en el año 2011 para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, ¿o es qué los jubilados españoles les importamos menos que nuestros acreedores extranjeros? No se trata de una demanda de subida de las pensiones, sino simplemente de mantener su poder adquisitivo y de recuperar la normativa de actualización previa a la reforma de 2013. Por eso cuando el Gobierno habla de que la recuperación económica ya está aquí, deberían de tener un poco de vergüenza y pensar en la inquietud que provocan en el colectivo de jubilados -que aspiramos a una vejez digna después de una larga vida de trabajo- al dejar sus pensiones al albur de la evolución de la inflación. Aunque no nos consideren un riesgo sistémico como a la banca, al menos deberían de tener el respeto de no tomarnos por imbéciles al comunicarnos por carta una subida de nuestras pensiones. Resultaría menos hiriente que la ministra Fátima Báñez nos encomendase a la Virgen del Rocío y así nos ahorraríamos al menos los cinco millones de euros que debe costar el envío de más de nueve millones de cartas. Parafraseando lo que decía en 1792 la escritora y filosofa inglesa Mary Wollstonecraft, "es justicia y no caridad lo que necesitan los pensionistas españoles". Con este panorama en perspectiva, ¡hala¡, sigan votando a quienes han eliminado el mecanismo de garantizar el poder adquisitivo de nuestras pensiones, que igual se animan y en vez de un tercio nos reducen a la mitad la pensión, y de paso también le pegan un recorte a los viajes del Imserso. Estos conservadores españoles siguen haciendo lo que siempre han hecho: conservar los privilegios de unas minorías, dejando a un lado los intereses generales. Con rabia contenida -sobre todo después de escuchar las estrambóticas propuestas de la señora Celia Villalobos-, pues a nadie le gusta que le tomen el pelo, termino con una frase del poeta Ángel González: "escribo sin esperanza, pero con convencimiento".

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