El PP, contra las cuerdas

Los intentos de los tres cabecillas de la trama, es decir, Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez « El Bigotes», por ver rebajada la petición de condena solicitada para ellos por parte del ministerio fiscal ha llegado tarde. Ha respondido la fiscalía a su intento de llegar a un acuerdo que en realidad poco tienen que aportar a la causa, ya que tras largos años de instrucción el ministerio público tiene acreditado las actitudes cuasi mafiosas de los populares valencianos durante sus años de gobierno.

De hecho, los esfuerzos por paralizar y alargar la causa judicial presentando mil recursos y practicando todas las trabas posibles desde las administraciones dirigidas por el PP han tenido resultados adversos y beneficiosos a un mismo tiempo tanto para los empresarios que pagaron las mordidas al Partido Popular a cambio de recibir contratas y obras públicas, los cabecillas de Gürtel así como para la que durante buena parte de los 20 años que gobernó el Partido Popular la Comunidad Valenciana fue la plana mayor de este partido.

Durante años Mariano Rajoy esquivó las investigaciones judiciales, los registros de la sede del PP en Madrid y los escándalos asociados a principales responsables estatales y autonómicos, con frases de gran calado intelectual del tipo «ese señor del que usted me habla» o «el que la hace la paga». Resulta imposible creer que tramas como la de Gürtel, Lezo o Púnica no fueran de dominio general en el Partido Popular. Lo que se ha ido descubriendo poco a poco, gracias a las investigaciones judiciales y policiales, es que la actividad delictiva del PP era desarrollada, sobre todo, por los principales responsables políticos del Partido Popular. No se trata, por tanto, de casos aislados de corrupción que aprovechando su posición se enriqueciesen, sino de altos cargos que organizaron un sistema para que el Partido Popular, en lo que respecta a este momento de la Comunidad Valenciana, ganase elecciones autonómicas gracias a dos principales causas. En primer lugar, a la posibilidad de hacer campañas electorales con grandes medios mediáticos y materiales que tenían una proyección sobre el electorado mayor que la del resto de partidos políticos que se presentaban a las elecciones. En segundo lugar, y gracias a las privatizaciones que han posibilitado un gran sistema de corrupción organizado, se logró crear un entramado de estómagos agradecidos que, obviamente, fueron fieles votantes del Partido Popular.

Con la confesión de una decena de empresarios admitiendo que entregaban cantidades de dinero en metálico al Partido Popular de la Comunidad Valenciana a cambio de adjudicaciones, la confesión de los responsables de la empresa Orange Market explicando cómo organizaban los eventos del PP y cómo los cobraban, así como de Ricardo Costa, número 2 durante veinte años del todopoderoso PPCV, admitiendo la financiación en dinero negro, el panorama judicial y político que se presenta para Mariano Rajoy es cuando menos complicado. A ello hay que sumar los diferentes aspectos del sumario judicial explicados por los «confesantes» que han reforzado todo los elementos probatorios ya acreditados por el ministerio fiscal en este juicio y en el celebrado hace unos meses también por Gürtel, quedando demostrado que el Partido Popular se lucró de manera ilícita y sembró la podredumbre en la Comunidad Valenciana allá donde estuvo y allá donde gobernó.

Ha sorprendido la declaración de Ricardo Costa ante el tribunal que lo juzga, muy lejos del tono displicente que solía utilizar con periodistas y políticos de la oposición cuando en los tiempos en los que la fiesta no se acababa nunca se tomaba a risa cualquier acusación que se hacía al PP valenciano de estar cometiendo delitos relacionados con la financiación ilegal o con la corrupción. Lo dicho por Ricardo Costa y por el resto de miembros de las empresas de Correa tiene visos de veracidad habida cuenta que las afirmaciones que han realizado conllevan una más que probable condena. Condena menor, es cierto, pero condena que, en el caso probable de producirse, implicaría su entrada en la cárcel.

No hace falta recordar que, por supuesto, Mariano Rajoy no tenía ni la menor remota idea, una vez más, de lo que ocurría a su alrededor. Nunca preguntó, al parecer, de dónde salía todo el dinero para poder realizar aquellos majestuosos mítines que el Partido Popular organizaba en la plaza de toros de Valencia, que siempre terminaban con un gran espectáculo de fuegos artificiales y que simbolizaron en qué convirtió la Comunidad Valenciana el Partido Popular: un enorme pufo pagado con el dinero de los valencianos gracias a la corrupción.