Tras conocer la sentencia del contencioso administrativo que daba la razón al equipo de gobierno en el recurso interpuesto por el Partido Popular de Callosa de Segura, que alegaba que la retirada por la parroquia de forma unilateral de las placas de Falange Española y el haber cubierto con mármol los lemas de «José Antonio Primo de Rivera... presentes» del monumento (Cruz) de los Caídos hacía inaplicable la Ley de Memoria Histórica-, una periodista me preguntó al anunciar su inminente traslado el porqué la ejecución de este acuerdo de pleno, legítimo y legal, costaba tanto materializarse.

Ante este acuerdo -actividad de la extrema derecha al margen- se han interpuesto tres contenciosos administrativos (PP, Javier Pérez; PP, Manuel Illán; y Plataforma Defensa de la Cruz) sobre derechos fundamentales, contra la libertad religiosa y contra la libertad de expresión del sentimiento religioso. Y se han pedido tres medidas cautelares en primera instancia y una en instancia superior -TSJCV- para evitar su ejecutividad. Todas han sido rechazadas. Instada además una demanda contra alcalde por prevaricación -solicitada por la Plataforma-, se pidió un informe a la Dirección General de Patrimonio y Cultura de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento obtuvo autorización para el traslado del monumento, vía proyecto técnico entorno BIC San Martín, al tiempo que fueron rechazadas las alegaciones de la Parroquia. Y ha habido dos informes de la Comisión Vestigios Guerra Civil y Dictadura Comunidad Valenciana, dependiente de Consellería Justicia, uno de ellos solicitado por la Plataforma, que respaldaron la calificación de «vestigio franquista». Sumamos siete meses del grupo de mediación que dimitió ante la escalada judicial y una concentración en la Plaza de España, autorizada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante a la Plataforma en Defensa de la Cruz desde el 26 diciembre 2016 de forma ininterrumpida y hasta el próximo 28 enero 2018. Como colofón la Diócesis Orihuela-Alicante tras una posición aparentemente neutral durante el proceso e incluso tras haber llegado por dos veces a un acuerdo con esta Alcaldía para encauzar la situación -alguna vez tendrá que explicar públicamente el porqué faltó a su palabra- amenaza ahora con una demanda reclamando la propiedad de la plaza, demanda en boca de todos que no ha sido remitida por ningún juzgado al Ayuntamiento, cuando no ejerció su derecho de alegación hace más de diez años con la actualización del inventario de bienes municipal. Comprenderán ahora la dificultad de ejecución del acuerdo, aún con la convicción de llevarlo a cabo, ante el entramado técnico, administrativo, jurídico y judicial cuyas resoluciones sistemáticamente han respaldado.

Callosa de Segura vivió la Guerra Civil de una forma cruenta con delitos de sangre tanto en periodo republicano como posteriormente en periodo de supremacía rebelde; guerra civil y dictadura franquista se cobraron decenas de vidas, personas inocentes de delito político, incluso sin haber participado de forma activa. Este pasado «silenciado» marca aún hoy nuestra sociedad, las relaciones de vecinos y familias, incluso la política local.

En mayo de 2017 comparecí invitado a la Comisión Especial Participación Ciudadana de Les Corts en el proceso al Proyecto de Ley de la Generalitat de Memoria Democrática y por la convivencia de la Comunidad Valenciana, ya en vigor, trasladando la experiencia que estábamos viviendo en nuestra ciudad. La aplicación de leyes de memoria necesita coordinación entre la administración local, provincial, autonómica y estatal en el ámbito legal y de seguridad, siendo necesario un consenso básico de todos los partidos políticos en una condena explícita de la dictadura franquista - un periodo sin derechos fundamentales para la ciudadanía- y la simbología que lo representa, con el planteamiento «demócratas versus no demócratas» frente al caduco «rojos y azules». La ciudadanía necesita saber nuestra historia y pasado recientes, muchas veces oculto, siendo responsabilidad de la administración darlos a conocer y donde la Iglesia Católica es básica en el aseguramiento de la separación entre religión y política y convertirse, como en la Transición a la Democracia, en actor fundamental de un relato común, con reconocimiento y memoria a todas las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura con una política activa de las administraciones en la exhumación de fosas comunes.

Estas fueron mis reflexiones a la comisión y sobre estas premisas hemos trabajado en nuestro municipio. La aplicación de la Ley sobre la simbología de la Dictadura franquista también rige en Callosa de Segura, el estado de derecho amparó a quien no estuvo de acuerdo en sus posiciones, aunque no las respaldara, ello no es óbice que el recuerdo de las victimas debe ser respetado y mantenido. Los actores están identificados y el espacio de consenso definido. Hasta ahora -salvo Subdelegación gobierno- ningún interlocutor hizo ademán de buscarlo.