Antes de que la profesora Wind le preguntara si democracia es sólo votar o también respetar la ley, el Supremo ya había rechazado la petición de la Fiscalía de reactivar la euroorden contra Puigdemont. Los jueces, afortunadamente, no se chupan el dedo. El procés sigue su proceso ante la Justicia. El candidato fugado, ya lo sabe, si quiere una detención exprés tiene que poner sus pies en España: en Cataluña o en cualquier otro lugar del Estado español, ese sintagma que obtusamente los independentistas reclaman para definir al resto del territorio nacional. El caso es que la jugada de Dinamarca, planteada estratégicamente como una provocación por el propio Puigdemont y sus abogados, no ha dado resultado. Llarena ha aclarado que el movimiento del prófugo no tiene otro objetivo que subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, para burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria. O lo que es igual para favorecer su investidura con la extradicción. La extradición vendrá, dice, pero más adelante en un tiempo que no tiene por qué ser lejano. De vuelta con el pijama a Bruselas, Puigdemont ya puede ir pensando en nuevas tretas de distracción y en piruetas de saltimbanqui para denunciar el franquismo y la ausencia de democracia en España. En el fondo sabe que no va a ser presidente, por la simple teoría de que lo que no puede no puede ser y, además, resulta imposible. Lo será otro independentista consciente del riesgo penal que entraña saltarse la ley, rebelarse contra el Estado y seguir empeñándose en declarar unilateralmente la república catalana. La unilateralidad, por ahora, se acabó. Pero la matraca, desgraciadamante, continúa.
