Supongo que la mayoría de los españolitos se muestran disconformes con lo que muchos políticos se llevan al bolsillo al fin de mes. Como es obvio, me encuentro entre ellos, aunque por razones bastante opuestas a las compartidas por la mayoría. A mí me parecen salarios rácanos y, en algunos casos, incluso bastante cutres. Opinión impopular, sí, pero con cierto fundamento. Criticar la nómina de los políticos acaba siendo un acto populista más, fundamentado habitualmente en esa cochina envidia de la que hacemos gala en este país. Será cuestión de abandonar tanta mojigatería e ir pensando en aumentarles las ganancias. A priori, nada malo hay en ello.
La «res pública», que dirían los romanos, es cosa seria. Aquí nos la jugamos todos y, quizás por ello, uno ya está hasta la coronilla de que se considere como algo menor que puede ser encargada a un mindundi cualquiera. Son asuntos importantes que, precisamente por su relevancia, merecen una retribución económica acorde con la responsabilidad que conllevan. Supongo que, cuando menos en esto, estaremos de acuerdo. En consecuencia, si las funciones son de elevada trascendencia social ?pongamos como ejemplo la presidencia de un gobierno autonómico?, cuesta aceptar que las retribuciones sean tan cicateras. Vean el sueldo del President de la Generalitat, utilizado como patrón de referencia para establecer el de la mayoría de los altos cargos. Cierto es que los 68.975? anuales que percibe Ximo Puig triplican el salario medio de un trabajador valenciano. Pero también que cualquier directivo de una pequeña o mediana empresa tiene unos ingresos bastante más elevados que los del jefe del Consell. Con esa nómina soñarían muchos valencianos, pero muy pocos de quienes se encuentran capacitados para dirigir una macroempresa con más de 120.000 trabajadores, como es el caso de la administración valenciana. No, la política ?honrada, por supuesto? no es negocio, pero no por ello merece estar mal retribuida.
Parece lógico esperar que, cuanto mayor sea la responsabilidad, más elevada debe ser la compensación económica recibida. En esta relación, casi de Perogrullo, fundamento la defensa de mejores salarios para los gestores públicos. Una reclamación que, no obstante, difícilmente despertará el interés de ningún sindicato ni colectivo ciudadano. Y así nos va porque, mientras los sueldos sean tan poco atractivos, difícilmente se encontrarán kamikazes dispuestos a dejar a un lado una fructífera y prometedora trayectoria profesional, para embarcarse en un proyecto tan poco atrayente ¿Que el perfil actual es bajo? Es lo que estamos pagando; ni más sin menos. Hace años, al menos quedaba el compromiso ideológico, aunque tampoco fuera éste un motivo convincente en muchos casos. Será cuestión de ofrecer algo mejor porque, de otro modo, seguiremos buscando soluciones en el mercado de la mediocridad.
Hasta aquí llega mi defensa. Cuando uno decide colgarse el petate y embarcarse en ese mundo apasionante de la política de gestión, suelen repetirle por activa y por pasiva que asuma las consecuencias. Entre ellas, lógicamente, la pérdida económica. Al menos esa fue la experiencia que un servidor vivió hace ya unos buenos años. La decisión es voluntaria y la puerta siempre está abierta para quien desee marcharse. Vaya, que si no te gusta la faena ?o no te llena el bolsillo, si es lo que pretendes?, arreando y a otra cosa porque no se trata de un trabajo común. Asumir una responsabilidad pública lleva implícita la adquisición de un compromiso que va más allá de lo estrictamente crematístico. De ahí que extrañe el desaforado interés que se ha despertado en algunas instituciones por incrementar los ingresos de algunos de sus cargos y allegados. Como ejemplos, estén atentos a lo sucedido en el Ayuntamiento de Alicante o en la Diputación Provincial. Y es que, cuando el poder legislativo coincide con el poder ejecutivo ?tal es el caso de las corporaciones locales?, el pachangueo está prácticamente asegurado porque todos son parte del pastel.
Habrá que dignificar la política con salarios ajustados a las obligaciones que se adquieren en razón del cargo, si se pretende eliminar parásitos y, en su lugar, situar a elementos útiles para gestionar el bien común. Ahora bien, la medida debe ser general y no singular, como es el caso de los aumentos salariales aprobados en la Diputación Provincial, donde algunas nóminas se han visto incrementadas en cerca de un 20%. No se trata de cargos políticos en sentido estricto, sino de personal de confianza. Realmente no extraña tanto en una institución en la que su presidente percibe un sueldo similar al de Mariano Rajoy, un diputado de gobierno cobra más que un ministro y, los de la oposición, disfrutan de una nómina superior a la de cualquier conseller. Algún cálculo debe fallar porque, como es evidente, la responsabilidad y las competencias de todos ellos se alejan bastante de las más exigentes que son propias de los ejecutivos autonómico o nacional. Quizás son esos los sueldos correctos ?es más, creo que sí?, pero la cuestión estriba en demostrar que los resultados obtenidos por su trabajo justifican el dinero percibido. Ahí tengo dudas.
Más llamativo ha sido el argumento utilizado por el todavía alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, para justificar el aumento salarial de su jefe de gabinete. Como se evidencia cada día, el divorcio del tripartito ha dejado a la deriva a este ayuntamiento, bajo la dirección de apenas seis concejales. Y, según parece, hay prisas por desandar todo lo andado con los que antes fueran sus socios. Como resultado de ser pocos y no tener rumbo fijo, parece que la faena ha subido tanto para el sufrido asesor que ha sido preciso ajustarle la nómina en un 17%. Supongo que el beneficio no será extensible a los funcionarios de la casa que, al fin y al cabo, son los que tienen que aguantar las idas y venidas de sus superiores. Pues nada, otro que se va a levantar un sueldo de alto cargo tratándose de simple personal eventual de confianza, sin competencia ni responsabilidad alguna en la gestión. Porque, dicho sea de paso, ya va siendo hora de que aprendamos a diferenciar entre funcionarios, altos cargos y eventuales. No son lo mismo. En absoluto.
Reclamo sueldos dignos para los políticos dedicados a la gestión pública, por más que la medida sea impopular y me crujan por pensar así. Ahora bien, siempre que se disponga de un curriculum ajustado a las funciones que se les atribuye, porque aquí es donde radica el verdadero problema. Pagar a quien no dispone de la capacidad necesaria, acaba siendo un mal negocio. Son esos «sabelonadas» a los que se refería Paul Krugman esta semana en su columna del NY Times, criticando a la Administración Trump. El problema es universal y por estas tierras podemos dar lecciones de ello. Como ejemplo, pocos pueden alardear de que un escritor, sin formación sanitaria alguna, sea contratado para coordinar la cirugía sin ingreso o la hospitalización domiciliaria. Nosotros, los valencianos, sí.
Si algo debiera privatizarse, tal vez fueran determinados cargos políticos. Bien pagados, por supuesto. Posiblemente ganaríamos todos.
