La retirada del recurso de casación por orden de la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà presentado en su día ante el Tribunal Supremo, por parte de los servicios jurídicos de la Generalitat, en contra de la suspensión cautelar del decreto 9/2017 de 27 de enero ?llamado decreto del Plurilingüismo de Marzà y que fue impugnado también en su día por asociaciones de padres de alumnos, sindicatos de Enseñanza así como la Diputación Provincial de Alicante? acordado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), hasta que se resolviera judicialmente el fondo del asunto ha supuesto una decisión acertada y responsable por parte del gobierno valenciano. De facto supone la derogación de este decreto y la vuelta al sistema de doble línea valenciano-castellano que estuvo en vigor durante los mandatos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

Y decimos decisión acertada porque tras la suspensión y posterior auto del TSJ ordenando al departamento que dirige Marzà volver a implantar el sistema de doble línea, la lógica reacción de Vicent Marzà debería haber sido presentar su dimisión inmediata, toda vez que su proyecto estrella fue desechado (digámoslo así) por el alto tribunal valenciano de manera contundente y fuertemente rechazado por asociaciones de padres, sindicato CSIF y por los colegios concertados que, en mayor o menor medida, y guste o no, suponen una gran parte de la comunidad educativa. Retirar el recurso de casación presentado con el deseo de que se anulase la suspensión del TSJ supone que la Conselleria debe volver a partir de cero si pretende elaborar un sistema de aprendizaje de idiomas en los colegios e institutos que, de manera definitiva, ponga fin al tradicional binomio derecha e izquierda y que afecta al grado de implantación del valenciano que debe hacerse.

Tanto la suspensión judicial como este paso atrás de la Conselleria de Educación, controlada por Compromís, viene a confirmar la idea que ya desde esta misma sección hemos tratado de explicar en alguna otra ocasión. La implantación de un modelo educativo debe hacerse con el mayor consenso posible y con la participación de los grupos de la oposición y de las diferentes voces que compongan la comunidad educativa en un determinado momento. Si durante años la izquierda valenciana se opuso, y con razón, al rodillo ideológico y político del Partido Popular que despreció y ninguneó cualquier idea diferente a las suyas no se debe acercar el actual Consell, ni siquiera de manera remota, al desastre que supusieron los gobiernos del PP valenciano, especialmente los de Francisco Camps, no teniendo en cuenta el papel que la derecha valenciana quiere que ocupe el valenciano en la educación. Aunque el PP nunca lo hizo, debe el actual Consell capitaneado por el PSOE no cometer el mismo error en esta materia plegándose ahora al adoctrinamiento que el llamado Bloc Nacionalista Valencià quiere poner en marcha sin escuchar el sentir de las filas socialistas.

Pero, además, el gobierno dirigido por Ximo Puig debe valorar a la hora de fijar qué importancia debe tener en el horario escolar las tres lenguas que se pretenden impartir ?es decir, inglés, valenciano y castellano? el año en el que nos encontramos, la importancia que tiene hoy en día la movilidad laboral, el número de valenciano parlantes que hay en la Comunidad Valenciana y las zonas donde se habla. El decreto lingüístico parecía no querer admitir que un idioma no se puede imponer a base de premios o castigos. Que los colegios que dieran más clases en valenciano tuviesen más clases en inglés suponía una grave discriminación que el TSJ no dudó en tumbar.

Una encuesta realizada en el año 2015 por la propia Generalitat y con nombre Coneixement i ús social del valencià 2015, afirmó que la mitad de los valencianos no es capaz de hablar en valenciano, porcentaje que sube al 65% cuando nos referimos a su incapacidad para escribirlo. Pretender imponer un idioma no es una idea muy inteligente. Se debe facilitar su uso y su aprendizaje pero querer comparar en importancia el valenciano al castellano o al inglés no tiene ningún sentido.

Por muy respetable que sea una lengua, son los habitantes de una región y el uso que hacen de ella los elementos a tener en cuenta a la hora de determinar el número de horas que debe utilizarse en un aula. Una parte de un partido político, que a su vez forma parte de un gobierno de coalición, no puede imponer por razones ideológicas el estudio de una lengua a la que una gran parte de la población valenciana no concede excesiva importancia por las razones que sean. Ni los votantes del Partido Popular ni la gran mayoría de los votantes socialistas de la Comunidad Valenciana estaban a favor del plurilingüismo de Vicent Marzà.

Antes o después, los partidarios de imponer el uso del valenciano en la Administración Pública o en las aulas chocarán con una realidad incontestable: en la actual Europa sin fronteras en la que la movilidad laboral y el turismo están experimentando grandes cambios, los idiomas deben servir para unir y no para distanciar a los pueblos y, mucho menos, para generar localismos egoístas y supremacistas.