Después de todo lo visto, oído y leído en los últimos días a raíz de lo ocurrido con la antigua sala de venta de agua de Nuevos Riegos El Progreso, la conclusión que se puede sacar es descorazonadora. El tripartito -bipartito a efectos prácticos cuando se trata de temas de calado- se saca de la manga el discurso de la herencia recibida, subraya que lo único que están haciendo desde el Gobierno local es ajustarse a la ley, y, cuando todo se lía, meten prisas a València para que resuelva la papeleta. Exactamente el mismo guión que se ha ido siguiendo con otros temas como el Mercado Central, sin ir más lejos. No obstante, en el caso del edificio de El Progreso el matiz es importante. Probablemente sea una herencia recibida, pero de un Ejecutivo local -el que tomó posesión en 1995 y aprobó el Plan General de 1998- que estaba en manos del PSOE y EU, pasado inmediato de lo que sólo unos años más tarde sería Compromís, y en el que el actual presidente de la Corporación local, Carlos González, no sólo era concejal, sino que también era el portavoz del grupo municipal socialista. Por eso, chirría que Mireia Mollà salga tarde y mal, para instar al Gobierno local de entonces a dar explicaciones de su decisión de desproteger la sala de venta de aguas. Igual podría empezar por el alcalde, que aún es su socio de gobierno, y seguir por los ex de EU que pasaron a su partido. Y, por eso mismo, parece una huida hacia adelante que el edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, acuse ahora también al PP de no hacer nada en el Consell cuando se aprobó el PGOU que desprotegía el inmueble en 1998, pasando por alto que su actual jefe también tuvo algo que ver. Si se está de acuerdo con la decisión, basta con explicarla, sin echar balones fuera ni entrar en fuegos cruzados. Tomar decisiones, evidentemente, siempre tiene un coste y pocas veces se consigue contentar a todos, pero la experiencia también enseña que el desgaste es mayor cuando no se hace nada, cuando si todo se enreda se eluden responsabilidades y no se asumen las decisiones tomadas, o, peor, si se dice una cosa y se hace otra. Y vaya por delante que la inmensa mayoría de los ilicitanos e ilicitanas no quieren un equipo de gobierno que se salte la legalidad, pero entre incumplir la ley y dejar recaer la responsabilidad en otros cuando las cosas vienen mal dadas hay un trecho... Como probablemente tampoco quieran un Ejecutivo que pregunta a quien reclama más protección para el patrimonio si están dispuestos a pagar el coste de dar marcha atrás «en detrimento de otras cosas», como si elegir entre derribar o no un edificio fuera equiparable a ir al súper y decantarse por una marca u otra de leche en función del precio. Los proyectos de ciudad no se definen por las palabras, sino por los hechos. Dicho esto, no pasa nada: los que antes levantaban la voz por las privatizaciones ahora las impulsan y las justifican, y, además, tenemos en marcha campañas de todo tipo. Por tener tenemos hasta una para poner nombre a los gatos callejeros.
