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José María Asencio

Vuelva usted mañana

José María Asencio Mellado

Ilegalización del PP. Un discurso demagogo

Cada cual es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Esta máxima, que debería presidir los comportamientos de toda persona, se ve hoy comprometida por los excesos verbales de ciertos personajes públicos cuya pretensión es la de generar opinión, se dice, pero que en el fondo persigue radicalizar las posturas mediante la introducción en la vida pública de mensajes extremos y tendenciosos.

Todo queda guardado, de modo que la dignidad y la veracidad de quienes se lanzan a verter proclamas incendiarias, se ven fuertemente mermadas una vez comprobada la finalidad espuria del mensaje. Seguramente, estos exabruptos calan en quienes desconocen las materias que se abordan desde la mala fe, pero se constituyen en un obstáculo para la aproximación de quienes tienen un mínimo de conocimiento de lo maltratado.

Estamos acostumbrados -se acepta como irremediable-, a que los políticos falten a la verdad. Pero, cuando esta conducta se sobrepasa y se llega al todo vale en el campo de la ausencia de ética intelectual, algunas alarmas se encienden y surge el rechazo frente al demagogo torpe en su brutalidad dialéctica.

Desde el PSPV se ha demandado la semana pasada, en el curso del asunto Gürtel en el que aparecen ciertos datos que apuntan a una financiación ilegal del PP, su ilegalización, su desaparición como partido por decisión judicial. Una pretensión sin duda alguna durísima y cuyo fundamento, al hacerse desde la dirigencia de dicho partido, cabe entender que ha sido profundamente debatido y meditado. No parece que una petición en este sentido, tan de hondo calado, pueda ser fruto de la espontaneidad de nadie, máxime cuando no ha hallado respuesta en forma de desmentido inmediata de los órganos de dicha organización.

Y es que, como deben saber, lo que acredita que faltan a la verdad de forma consciente, esa disolución que demandan es absolutamente imposible a la luz de la legislación vigente, la Ley de Partidos y el Código Penal, siendo, pues, una petición infundada, pero de una dureza tal, que pretende deslegitimar a los adversarios sin advertir, como deberían haber hecho, que el fenómeno de la financiación ilegal no es ajeno a otros muchos partidos, incluido el que pide, pero no toma conciencia de sus propios actos. La hemeroteca está repleta de ejemplos que no es el momento de referir y que la Justicia investigó e investiga. Pretender imputar a uno solo un delito común y extendido, en proporción al poder ejercido, es una forma de desviar la atención y, sobre todo, de no afrontar soluciones válidas al considerar que se trata de algo ajeno, no propio, de la derecha en este caso, no común.

No. No hay ninguna posibilidad legal de que el PP sea disuelto, ilegalizado, pues no es posible hacerlo a la luz de la legislación vigente. La ilegalización de partidos se regula en la propia Ley de Partidos, la cual, al igual que el Código Penal para las sociedades en general, solo permite esa disolución cuando el partido tuviera como fin único o principal la comisión de actos delictivos, o, lo que es lo mismo, cuando la actividad ilegal fuera más determinante o relevante que la legal. Una financiación ilícita no explica, ni supone que el fin de todo partido, la representación política, sea más determinante que la propia existencia del partido y su vida pública, pues al fin y al cabo, la misma financiación viene a sostener que lo que se cobra indebidamente tiene como fin sostener al partido en su actividad legalmente establecida. En definitiva, el PP no es un partido creado para servir de tapadera a una organización terrorista, supuesto éste que fue el que quiso contemplar la ley de partidos. No es el PP un mero instrumento para delinquir.

Podrá condenarse a quienes, como personas físicas, hayan cometido los actos ilícitos e, igualmente, desde hace poco, podrá imputarse al PP o a otro partido en su caso, pues desde esa fecha, como he dicho en anteriores ocasiones, los partidos políticos pueden ser penalmente imputados, no antes, toda vez que Zapatero excluyó expresamente a los partidos políticos de esa responsabilidad general de las personas jurídicas, siendo Gallardón quien los incluyó acabando con ese régimen de impunidad que el PSOE determinó. Todo hay que saberlo y conocerlo antes de emitir opiniones sesgadas o que revelan ignorancia o mala fe.

Creo que sería obligado que ciertas manifestaciones, claramente incompatibles con la ley y extremas, pues pretenden representar una imagen que identifica ideología con delincuencia, deberían se excluidas del debate y medidas en sus justos términos antes de ser proferidas. Son cosas muy serias como para ser fruto de la improvisación o de la manipulación. Y el PSOE, que siempre ha sido un partido de gobierno, debería medir sus arengas y exabruptos antes de entrar en terrenos que no son compatibles con su carácter y rigor y son más próximas a la demagogia que campa hoy por sus respetos en el terreno de la mala política.

Tanto intento de fidelizar a los próximos en el fanatismo, puede alejar a quienes prefieren el rigor y la moderación. Muchos. Y precisamente los que inclinan la balanza en todas las contiendas electorales.

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