Las cifras de lista de espera en los procedimientos de adopción son tan llamativas para una sociedad del siglo XXI, que nos hacen reflexionar en un mundo donde existen ciento veinte millones de huérfanos.

Los tiempos de espera (en algunos casos hasta 10 años) y las trabas administrativas que cambian según la Comunidad Autónoma a la que pertenezcan (somos 17 y cada una tiene sus requisitos) nos llevan a que, en general, en vez de unificar nos distancia no solo en este tema, sino en otros tan importantes a mi entender como el de la educación.

No voy a realizar un alegato frente al Estado de las Autonomías y sus competencias (el artículo 148.1.20 de la CE le otorga competencias en esta materia) pero sí pido un poco de reflexión ante un tema tan importante.

Los que durante años nos hemos dedicado en nuestra profesión al Derecho de Familia, hemos sufrido todos los altibajos de nuestros legisladores, que va desde una legislación vacía y sin contenido a una legislación proteccionista y cautelosa, sin medios y excesivamente burocrática, olvidando el elemento más importante: el lado humano que es el del menor y, consecuentemente, aquellas familias que con su mejor buena voluntad han querido adoptar (en la actualidad hay cerca de 33.000 familias en espera de que se resuelvan sus peticiones) y así, al parecer, el Gobierno de la nación está preparando el reglamento que desarrolle y complemente todos aquellos factores que la Ley de Adopción Internacional (LAI) dejó en el aire.

Ese reglamento se ha venido demorando, ya que si no recuerdo mal la LAI es de diciembre de 2007, ni más ni menos, hace diez años y si decimos que la Justicia es lenta, el legislador no se queda corto y ahora que parece que reacciona solo le pido aquello de «no se ve bien sino con el corazón ya que lo esencial es invisible a los ojos» ( El Principito).

Espero sinceramente que nuestros políticos actuales dejen al margen sus controversias y trifulcas y que actúen con eficacia buscando criterios generales que nos lleven a un procedimiento único, sin burocracias y, eso sí, arbitrando los medios materiales y humanos precisos y si leen una vez más la exposición de motivos de la LAI, verán que se decía «entre sus objetivos es lograr un entendimiento entre las Comunidades Autónomas y el Estado».

Siempre he creído que en el mundo del Derecho el legislador debe intentar proteger el interés del más débil y así creo que es necesario abrir más acuerdos de carácter internacional (entre 1997 y 2006 se produjeron 33.939 adopciones internacionales en España), donde el Estado sea ese interlocutor y no las CC AA, procurando unificar e incluso podríamos hacer bueno aquello de «Han de procurarse los medios humanos como si no hubiesen Divinos y los Divinos como si no hubiese humanos»( Gracián).