El nuevo año nos ha traído un episodio más en el inacabable sainete catalán. El Episodio DCCCLXXVIII, o quién sabe por qué número vamos, en el cual se negocia la investidura de Carles Puigdemont, líder del segundo partido más votado en las elecciones, muy fortalecido en el bloque independentista tras darle la vuelta a las encuestas y superar a ERC. Una investidura que se antoja problemática por la sencilla razón de que Puigdemont busca ser investido a distancia, con una presencia telemática, y luego ya, si acaso, volverá a Cataluña (previsiblemente, para ser detenido en la frontera y escenificar su martirio).
Mientras esto sucede, se detecta claramente el descenso de la tensión, discursiva y de objetivos, en el resto del bloque independentista. Y no es para menos. Algunos acusan a los líderes del procés de ser unos cobardes y arredrarse ante la amenaza de la cárcel. Personalmente, me parece por completo lógico y humano no querer arrostrar una condena de quién sabe cuántos años de privación de libertad, y buscar defenderse de la mejor manera que les convenga. Y, además, es bueno, es de todo punto positivo, que los líderes independentistas, sin renunciar a sus objetivos políticos, sí renuncien a alcanzarlos por vías ilegales: sin respeto a las instituciones, sin mayoría en votos, sin atender en ningún momento a los principios democráticos que tanto decían defender. Es decir: que renuncien a hacer lo que hicieron en los meses de septiembre-octubre. Y no sólo por la amenaza de la cárcel (que, obviamente, está muy presente en este cambio de opinión), sino porque el experimento ha demostrado que con un 47% de los votos, por mucho que se detente el Gobierno autonómico, contra las leyes del país del que se pretende independizarse, que es también un país democrático, no es posible alcanzar los objetivos marcados. La independencia unilateral ha sido un error, sobre todo para los independentistas; hoy, su objetivo parece más lejano que hace unos meses.
Pero no sería justo echar sobre las espaldas del independentismo toda la responsabilidad del procés. El Gobierno español, con su inmovilismo, con su incomprensión y falta de empatía, también ha propiciado que el asunto se enquiste, primero, y se descontrole, después. Si los gobernantes españoles quieren realmente desinflar el suflé del procés (que nunca lo fue, en el sentido de que fuese algo exclusivamente inducido desde las élites catalanas; pero sí, como hemos visto, desde la perspectiva de lograr la independencia unilateral), tienen que atender, por fin, aunque sea tarde, a los motivos que han llevado a la mitad de la población de Cataluña a querer independizarse.
Por un lado, porque hay cosas en las que los independentistas, objetivamente, tienen razón: España es, en muchos aspectos (estructura radial de las comunicaciones, concentración de las instituciones, etc.), un país centralista, que además está recentralizándose más. Y esto, en un país grande y diverso, con núcleos de población (y de poder) distribuidos por toda la geografía, no se corresponde con los intereses de la mayoría de los ciudadanos. España cuenta con un modelo de financiación autonómica que funciona mal, que es desigual e injusto, y que además se combina con un segundo modelo de dos autonomías privilegiadas (el régimen foral de Navarra y País Vasco) que maximiza la sensación de agravio. El actual Gobierno español, e incluso cabría decir que el Estado español en su conjunto, no parece sentir como propias las culturas diferentes de la castellana, ni las defiende, divulga e integra en consecuencia.
Pero, por otro lado, España, precisamente porque es un país democrático, no debería hacer oídos sordos a lo que opinan, en repetidas ocasiones, dos millones de ciudadanos. Que, sin duda, son pocos, en el contexto del conjunto del país (un 5%); pero no son insignificantes, y menos aún en Cataluña (casi un 50%), donde sus representantes, además, gobiernan. Y esto no significa concederles la independencia, como es obvio, ni siquiera -necesariamente- convocar un referéndum pactado y vinculante. Pero sí buscar las reformas (económicas, institucionales, y también simbólicas) para acomodar a esos dos millones de ciudadanos (o al menos a una parte significativa de los mismos) dentro del marco institucional, político y social español, de forma que puedan encontrarse cómodos en él. Porque es lo que toca hacer en un país civilizado y democrático, que busca solucionar los problemas que se planteen en cada momento, en lugar de dejar que se pudran y agraven, por desidia, inmovilismo, o por espurios intereses partidistas. Ese es el segundo suflé que debería desinflarse en los próximos meses.
