Durante la primera mitad del mandato, el presidente de la Diputación, César Sánchez, al mando de la institución más importante que quedó en manos del PP después de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, se dedicó a recetar procedimientos judiciales para sacar la cabeza como el gran ariete de oposición frente al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra. Lo hizo cuando recurrió el decreto con el que la Generalitat pretendía controlar las competencias de la Diputación en materia de Turismo y Deportes. Y también después contra la decisión de la conselleria de Educación de implantar el modelo de plurilingüismo en los colegios para potenciar el valenciano y el inglés. Las dos jugadas le salieron redondas. Y le permitieron a César Sánchez, con parte de razón, criticar al Consell por intentar imponer decisiones sin consenso, con poco diálogo y aún menos pedagogía. Cuando se produjeron esas resoluciones judiciales, el presidente de la Diputación, en un mensaje amplificado por el PP, pidió tres cosas: diálogo, revocar esas medidas y la dimisión de los responsables.
Ese sistema de autodefensa le sirvió a César Sánchez entonces para tapar las carencias en su gestión, la falta de liderazgo y la ausencia de un mensaje claro y definido. Ahora, sin embargo, cosas de la política, el presidente de la Diputación y dirigente del PP se enfrenta a su propia medicina. La misma que intentó aplicar para ganar peso en la escena pública. Un recurso del grupo de Compromís en la institución provincial, encabezado por Gerard Fullana, se ha saldado con la resolución de un juez que tumba -de momento a través de una suspensión cautelar- una de las polémicas ayudas «a dedo» concedida por el presidente de la Diputación, en este caso, a la localidad de Busot -feudo del vicepresidente Alejandro Morant- por importe de casi 800.000 euros. No estamos ante un auto sin valor. Todo lo contrario. Ese fallo judicial, de moment0, pone en jaque todo el sistema de subvenciones de la Diputación y, desde luego, entrega cartuchos de argumentario a los que denuncian desde hace décadas el modelo de distribución de fondos de la corporación por considerarlo arbitrario y discrecional. Esas ayudas «a dedo» -subvenciones nominativas dentro del farragoso lenguaje administrativo- no son ilegales. Pero se conceden con unas condiciones tan ventajosas -financiación al 100% de la obra y tiempos más flexibles de ejecución- que deben atenerse a unos criterios de emergencia, excepcionalidad y prioridad que, en alguna de las subvenciones concedidas por la Diputación de Alicante a lo largo de este mandato, parece de forma meridiana que no se cumplen. Ni de lejos.
Después de este varapalo judicial que cuestiona el sistema de reparto de ayudas de la Diputación para la segunda mitad del mandato, en coherencia, César Sánchez debería aplicarse la misma teoría que le pidió, en su momento, a la Generalitat. A saber: abrir una vía de diálogo con Compromís y con el resto de la oposición para aplicar criterios objetivos a la distribución del dinero público, paralizar de momento las ayudas en cuestión que suman casi cinco millones de euros y, de confirmarse la resolución judicial, asumir responsabilidades políticas. Ocurre, sin embargo, que el equipo de gobierno del PP en la Diputación vuelve a sucumbir a su ala más dura, encarnada por el vicepresidente Carlos Castillo, y hará todo lo contrario de lo que en su día predicó. Habitual en la política. Donde dijo digo, ahora resulta que digo Diego.
Mantendrá las subvenciones para, lejos de abrir vías de diálogo, poner en marcha el ventilador y amenazar con llevar al juzgado las líneas de ayuda directa de la Generalitat -en el punto de mira de los populares alicantinos aparece una subvención incluida en los presuestos de 2018 para una obra en Xàbia, localidad de la que es alcalde el socialista José Chulvi, nuevo líder provincial del PSPV- y de la Diputación de València, instituciones con gobiernos de coalición compartido entre los socialistas y Compromís. Todos a la guerra en vísperas de que César Sánchez se reúna, después de dos años y medio de incomunicación, con Ximo Puig y del encuentro, ya fijado para el 23 de enero, con Mónica Oltra.
A diferencia de lo que ocurrió a principios de mandato, ahora esta medicina a la que vuelve a recurrir el PP ya no le sirve al presidente de la Diputación para maquillar sus carencias. Ni va a tapar las críticas a su política hídrica, ni sus desvaríos como la propuesta para construir 20 campos de golf, ni el descontrol de las subvenciones públicas «a dedo», ni las subidas de sueldos selectivas, ni que empiece a ser conocido como el hombre que dirige la «Dipu de los vicepresidentes», ni la creciente preocupación en el PP... Ahora esa medicina es un sintoma más de los problemas de César Sánchez.
