La Unión Europea, tan apremiante en otros casos como es la disciplina presupuestaria, parece estar, sin embargo, casi desarmada frente a países que incumplen sus compromisos democráticos.
Es el caso, por ejemplo, ahora de Polonia, que ha aprobado una reforma judicial que atropella gravemente la separación de poderes, esencial para el funcionamiento democrático de un país.
Si bien es cierto que, en respuesta, la Comisión Europea ha activado un proceso que podría retirarle al Gobierno de Varsovia el derecho de voto, es dudoso que la pomposamente llamada "opción nuclear" pueda finalmente aplicarse.
Entre otras cosas porque Polonia no está sola, sino que hay otros países de la antigua Europa comunista, entre ellos Hungría, que parecen rebelarse contra lo que califican de "intrusión" del aparato funcionarial de Bruselas.
Y para poder suspender a Polonia mientras incumpla sus compromisos, tendrían que votar a favor de esa decisión el resto de los países de la UE, algo que ya ha asegurado que no hará el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Y es también muy posible que otros socios, como la República Checa, que tiene actualmente un Gobierno encabezado por el multimillonario populista Andrej Babis sigan el ejemplo húngaro.
El problema, según reconocen fuentes del Parlamento europeo, es que el procedimiento que se esgrime como amenaza para los países incumplidores resulta ineficaz en la práctica.
Los candidatos a la UE están obligados a cumplir los llamados criterios de Copenhague, que incluyen la existencia no sólo de una economía de mercado, sino también de instituciones estables que garanticen la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Pero, una vez el país dentro, resulta supervisar si respeta esos compromisos y sobre todo sancionarle si no lo hace. Sobre todo cuando, como ocurre ahora, no es uno sino que son varios los incumplidores.
El Gobierno alemán de Angela Merkel considera que la única manera de hacer que esos países, ganados ahora por la derecha populista, cumplan sus compromisos democráticos es amenazarlos con recortar los fondos regionales que reciben.
De la misma opinión es el comisario europeo de Programación Financiera Günther Oettinger, según el cual tiene que haber una clara relación entre el Estado de derecho y las inversiones públicas y privadas que reciben apoyo del presupuesto comunitario.
Eso es tal vez lo único que puede dolerle a un país como Polonia, que es actualmente el mayor receptor de ayudas regionales de Bruselas: 86.000 millones de euros en el período que va de 2014 a 2020.
Algo habrá que hacer para que esos socios tan díscolos como interesados respeten lo que un día firmaron.
