El problema no es la dicotomía entre hotel legal o apartamento alegal. Eso ya existía hace años y no causaba estos desbarajustes. Hace más de 40 años vine por primera vez a Benidorm, sin reserva hotelera (en mi familia siempre hemos sido unos cachondos) y ya entonces nos vendieron como alojamiento posible lo que hoy se llamaría un «apartamento turístico alegal». Ya existían. Lo que pasa es que su simpática dueña no podía venderlo a un mercado potencial de millones de clientes con un solo clic. Solo pillaba a algunos españolitos despistados como entonces era mi querida tribu. El problema nunca fue el cliente ni la oferta alegal. Siempre hubo suficientes clientes para todos, como muy bien saben los hoteleros, que tienen perfectamente tipificado al suyo. El problema de verdad es que el hotelero paga impuestos a entidades reconocibles (Hacienda, ayuntamientos, Generalitat). Impuestos que cobra en la factura a sus clientes. Los otros clientes, los de los apartamentos piratas, pagan también impuestos, pero a Singapur, Islas Caimán o, por no irnos tan lejos, a Irlanda. Estos «paraísos» cobran menos impuestos que los otros, auténticos infiernos fiscales. Primer atentado a la libre competencia. Así, el paraíso se torna en una jungla fiscal donde florecen sin freno Google, Facebook, Uber o Airbnb «et al» y donde para abrir trocha hace falta un machete de platino. Pero no tienen solo ellos la culpa. Ni el cliente, que siempre elegirá lo que quiera elegir y, miren bien, incluso estará dispuesto a pagar por ello. La culpa la tienen algunos fiscos, que siegan tan a gusto en el prado de pasto fresco de los contribuyentes que no pueden escapar, y no quieren entrar en esas junglas difíciles donde el brazo se te queda dormido de cortar broza. ¿Es de recibo que empresas que recaudan millones 'alegales' en esta Costa sólo tengan que pagar multas de 30.000 euros? Duros con el blando y blandos con el duro.
