Puede que sea por deformación profesional de enseñante, pero no creo que se dé una recuperación de la normalidad institucional en Cataluña sin que, al lado de la Escuela Catalana, haya igualmente centros donde la lengua vehicular sea el castellano, es decir, donde se enseñe en español.
Cuando, hace unos años -en 2011 y 2012-, se llegaron a imponer multas de hasta 10.000 euros a los establecimientos del centro de Barcelona que mantenían sus rótulos en castellano, se dio una indiferencia total de las instituciones de la vida civil española: ni la Real Academia Española de la Lengua, ni el Instituto Cervantes, ni los departamentos universitarios de Filología Española, ni siquiera el pomposo Centro de Altos Estudios del Español de la Universidad de Salamanca, nadie se manifestó, en aquel momento, en contra del gran atropello lingüístico.
Como si la mala conciencia por la represión de la cultura catalana durante la última dictadura pudiera servir de coartada para justificar el arrinconamiento progresivo de la cultura en español en Cataluña.
Esta indiferencia universal de las instituciones españolas por la suerte en Cataluña de la primera lengua oficial del Estado hace que algunos se pregunten, como los niños pequeños cuando visitan por primera vez el Museo Jurásico, si lo que queda de España en Cataluña está vivo o se parece cada vez más a los dinosaurios de plástico de Colunga. O si,
dentro de unos años, al forastero que pregunte por España le ocurrirá como al protagonista de "Pedro Páramo", cuando llega a Comala, en el inmortal relato de Juan Rulfo:
-Yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie.
-No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie.
Los comentaristas analizan incansablemente la evolución del voto independentista y del voto constitucionalista en las elecciones catalanas de 2012, 2015 y 2017. El voto independentista disminuyó mínimamente, 47,9%, 47,8% y 47,5%, en los tres comicios. El voto constitucionalista se incrementó en una pequeña medida: 35%, 39,1% y
43,5%. Como se ve, se trata de unos cambios casi irrelevantes. Lo que falta por explicar es por qué, en pocos años, el independentismo pasó de un 10%, en las encuestas de los años ochenta, al 47% actual. Parece claro que esta evolución es muy próxima a la difusión de la lengua catalana y a la aplicación del bilingüismo, a conveniencia de la Generalitat, unas veces en sentido inclusivo, abarcando los dos idiomas, y otras en sentido exclusivo, considerando suficiente el catalán para dar cumplimiento a la ley.
El voto independentista predomina en el interior, donde es mayor la densidad del habla catalana, mientras el voto constitucionalista predomina en la costa, donde, en general, se habla más español. El Gobierno del Estado no puede ni abrir la boca para condenar que la TV3 catalana sea un instrumento de propaganda independentista, puesto que Rajoy se cargó la independencia de la TVE y de Radio Nacional nada más llegar al poder, anulando el modelo similar al de la BBC que Zapatero había conseguido acordar con los demás grupos políticos.
Lo que resulta totalmente inexplicable es por qué en el Estatuto de Cataluña de 2006 el Parlamento Español no exigió que se mantuviera el art. 7º, relativo a la educación, del Estatuto de Cataluña de 1932, muy aplaudido en Barcelona cuando Azaña fue a presentarlo al pueblo catalán y a la Generalitat. Fue tan grande el error en su supresión que merece la pena recordarlo. Dice así: "La Generalidad de Cataluña podrá crear y sostener los centros de enseñanza en todos los órdenes que estime oportunos, siempre con arreglo a lo dispuesto en el art. 50 de la Constitución, con independencia de las instituciones docentes y culturales del Estado y con los recursos de la Hacienda de la Generalidad, dotada por este Estatuto".
Al entregar ahora el Estado la Educación, en todos sus niveles, a la Generalitat, contraviniendo los sabios argumentos de Unamuno, Ortega y Gasset y Azaña en las Cortes Constituyentes en 1932, se creó una fábrica al servicio del nacionalismo particularista. Con un agravante: la Alta Inspección del Estado no puede entrar en los centros educativos sin el permiso expreso de la Generalitat. Además de una gran incongruencia, ¿no es como preparar un gran choque de trenes crear una fábrica de independentistas y, a la vez, reprimir el independentismo?
