Se podrá escribir lo que se quiera, especular libremente y hacer adivinanzas sobre futuribles que ya nunca se harán certeza. Todo es posible cuando en el juego de las palabras participan los principales dirigentes del secesionismo catalán, cuya falta de prudencia y de sentido de realidad y acierto, se ha constatado en estos últimos meses. La verdad es que la decisión del juez Llarena de anular la euroorden, ha dejado a Puigdemont sin estrategia de futuro, situándolo en la encrucijada de regresar y asumir un proceso penal inevitable o permanecer fuera de España per in saecula saeculorum asumiendo los costes personales y políticos de su elección.
Su situación procesal y política, así como la de sus acompañantes, puede también tener profundas repercusiones en la conformación del gobierno catalán, pues podría suceder que, tomando, si fuera posible, posesión de su acta desde el extranjero, no pudiera votar en la constitución del Parlamento, lo que, dadas las exiguas mayorías que se esperan, puede ser incluso determinante de un gobierno distinto al mayoritario en caso de que los nacionalistas alcanzaran esa mayoría. Se han arriesgado mucho quienes lo han puesto de cabeza de lista. Y es que, en su tozudez, siguen instalados en la ceguera de considerar débiles al Estado y sus instituciones. Les da igual la realidad y permanecen en sus discursos sin percatarse de que el Poder Judicial es ajeno a sus sensibilidades independentistas y a su presumida fuerza, que multiplican más allá de la que tienen. Creen y siguen creyendo que los resultados electorales van a servir a modo de amnistía sobre sus actos presuntamente delictivos, que el Estado, si ganan las elecciones, archivará los procesos incoados. Insiste Puigdemont en la idea de que, de ser presidente, España no tendrá más remedio que archivar las actuaciones penales en su contra por la presión internacional que solo él ve a pesar de su irrelevancia casi absoluta a salvo algunos extremistas de derecha que han hecho causa común con este prófugo. Qué lástima que no hayan comprobado que el Estado de derecho funciona y que sus partidarios no han demostrado excesivo fervor hacia ellos, fuera de algunas ocasiones, pocas, de concentración y fiesta, cada vez menos vez menos concurridas. Y qué pesaroso es comprobar que no entienden lo de la división de poderes.
Se acabó el juego. O vuelven y se enfrentan a la Justicia, aunque ganen las elecciones o se quedan tan a gusto en Bélgica o donde quieran haciendo declaraciones y dando rienda suelta a sus excentricidades.
Bélgica ya no podrá determinar el modo de actuar de la Justicia española. Bélgica se ha quedado sin jurisdicción. Bien es verdad que no ha habido decisión alguna y que lo que ha hecho el TS es exclusivamente abortar un riesgo, solo un riesgo. No se debe olvidar que la entrega por la totalidad de los delitos imputados era posible, pues no es el nomen iuris, el delito, lo esencial, sino la conducta típica y en Bélgica se regulan las mismas que en España, como no podía ser de otro modo, aunque bajo figuras distintas. Otra cosa es el sentimiento sicológico de un país que navega entre la inexistencia como tal y el empeño en aparecer como la vanguardia de la democracia. Pero, eso es otra historia o histeria, según se mire. Y ese dato no es irrelevante allí, donde se respira un cierto tufo antiespañol. Los Tercios de Flandes no se han olvidado.
El legislador europeo debería solucionar este embrollo modificando la euroorden y recuperando plenamente el principio de la mutua confianza entre Estados. Nadie parece recordar que la última palabra en materia de derechos la tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, suficiente garantía ante los Estados que violan la carta europea en la materia. Que en Europa se mantenga la posibilidad de negar el cumplimiento de una orden de detención y que un Estado diga a otro lo que debe o no ser delito, sin atender a sus especiales características, no es de recibo. Que se mantenga de algún modo, aunque sea excepcional, la exigencia de reciprocidad o que un país europeo pueda conceder asilo político a un ciudadano de otro, no se sostiene en una unión que parte de considerar democráticos a todos sus integrantes y en la que la confianza en ese hecho es presupuesto de su existencia. Que un Poder Judicial pueda dar lecciones a otro es, cuanto menos, un acto de soberbia en el seno de Europa que no puede ser aceptado.
Por eso, las dudas sobre la respuesta de Bélgica, amparadora hasta hace muy poco de terroristas españoles y sociedad fracturada por el secesionismo, ha obligado al TS, habida cuenta las fisuras de la normativa europea y la conducta estridente de Puigdemont, a cercenar el uso espurio de los mecanismos de cooperación y su politización. Europa debe preservar su legitimidad frente a estrategias que quieren minarla. Frente a Puigdemont y frente a países que consideran que algunos no hemos alcanzado aún la madurez que ellos se atribuyen. A ello contribuyen quienes todavía ven franquismo en todo y lo enarbolan aquí y afuera, afectando gravemente a nuestra imagen internacional.
