La Seguridad Social, para pagar la extra de diciembre a los pensionistas, ha tenido que utilizar los 4.206 millones de euros que quedaban de un préstamo, por valor de 10.192 millones, que el Gobierno le había hecho en el último Presupuesto. Los otros 5.986 los había utilizado para la extra de junio. Y, aun así, ha tenido que coger otros 3.586 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Cuando ganó las elecciones el PP, en 2011, la hucha de las pensiones tenía, nada menos, que 66.815 millones de euros. Hoy quedan 8.095 millones. Y, para no quedarse en menos cero, la Seguridad Social ha tenido que pedir el préstamo, antes citado, al Gobierno. O sea, que técnicamente, está en la ruina. Y, encima, a los 9.500.000 pensionistas actuales se les obliga a que pierdan, todos los años, poder adquisitivo. Suba lo que suba el coste de la vida, a los pensionistas se les sube el 0,25%, la diferencia la pagan de su bolsillo. En 2016 el IPC, según el INE, subió el 1,6%, o sea, que los pensionistas perdieron un 1,35% de poder adquisitivo, todo ello con datos oficiales en la mano. A noviembre de este año, el IPC en cómputo anual se mantiene también en un 1,6%, o sea, que se perderá otro 1,35% a final de año. Y está aprobado que, hasta 2022 como mínimo, el aumento anual para los pensionistas será del 0,25%.

Si el presente de los pensionistas es el de una constante pérdida de poder adquisitivo, el de los que vienen detrás es, todavía, más incierto. Pensiones siempre habrá, otra cosa es la cuantía de las mismas. No sólo porque cada vez se oye hablar a más «expertos» diciendo que hay que ampliar, aún más, la edad de jubilación hasta los 70 años e imposibilitar al máximo las jubilaciones anticipadas, sino porque en 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad, que supone introducir, para los nuevos pensionistas, una nueva variable a las ya existentes como son la edad de jubilación, años cotizados, cuantía, etc. Esta nueva variable supondrá tener en cuenta, al calcular la primera pensión, su esperanza de vida en ese momento y se le conoce como factor de equidad intergeneracional y se le revisará cada cinco años.

Y, mientras esto pasa, en la provincia de Alicante hay más de 300.000 pensionistas, cuya pensión media, con datos de noviembre, es de 802 euros al mes y, en el caso de la jubilación, la más alta, la media está en 911 euros al mes, Por cierto, más de 100 euros más baja que la media estatal, resultado de la precariedad y la economía sumergida que tenemos en nuestra zona. O sea, que la subida media que han tenido los pensionistas alicantinos ha sido de dos euros al mes.

El Estado, en vez de buscar soluciones, echa la culpa a los pensionistas. Según ellos, el problema es que los pensionistas han prolongado su expectativa de vida, por un lado y, por otro, que los nuevos pensionistas cobran más que los que mueren. Se les olvida decir que los nuevos también están cotizando con bases más altas que los antiguos y, en cuanto a que viven más años, mejor no entrar en ese debate porque lo que faltaba era que también tuvieran la culpa de no morirse antes.

Así no se puede seguir, máxime cuando, en muchos casos, la pensión es el paraguas con el que malviven abuelos, hijos y hasta nietos en ocasiones. Hay que buscar soluciones. Recuperar el poder adquisitivo es básico y aplicar las medidas que han lanzado los sindicatos y que están a la espera de que el Pacto de Toledo decida hacer algo, ante la situación crítica en la que está la Seguridad Social, y el expolio de la hucha de las pensiones a la que han dejado casi vacía en el mandato de Rajoy.

Hace unos días, en una tribuna sobre el envejecimiento en Elx, recordábamos los datos que el propio Ayuntamiento había suministrado: a día de hoy, en nuestra ciudad, hay 38.900 personas que superan los 65 años Y que dentro de cinco años se podrían alcanzar las 51.200 personas, sin contar las que, en esas fechas, estarán entre 60 y 65 años, lo que haría que casi 70.000 personas estuvieran en edad de estar jubiladas y eso sin contar las que, sin llegar a ella, lo puedan estar en base a expedientes de regulación, banca, maestros, funcionarios, etc.. En definitiva, un número importante que superará el 30% de la población y cuyos ingresos se van a ver muy afectados negativamente cada año que pasa. Y si un colectivo tan enorme reduce sus ingresos y pierde poder adquisitivo cada año, al final, será toda la ciudad la que lo acabará notando.

Toda la sociedad debería tomar nota de esta situación y exigir, a todos los niveles, soluciones urgentes y consensuadas antes de que la hucha de las pensiones acabe rompiéndose definitivamente.