Comienza hoy la cuenta atrás para la celebración del 40 aniversario de la Constitución. Cuatro décadas que han modernizado un país, que lo han situado en el mapa y que, gracias a la Carta Magna, han supuesto un antes y un después en la historia de España. Un documento de concordia y consenso que ha cumplido con creces sus objetivos y que está pidiendo a gritos una actualización que se ajuste a los nuevos tiempos que corren y a las nuevas generaciones que ni sufrieron la Guerra Civil, ni los duros años del franquismo y que apenas si guardan en el recuerdo alguna noción de la Transición y con muchos de sus integrantes que ni la conocen. Esa reforma se plantea como amplia, abierta a que tenga un recorrido recomendable de otras tantas décadas, para lo cual habrá que encarar un procedimiento de reforma agravado. Proceso en el que necesariamente deben confluir los deseos de mayorías muy cualificadas que, hoy por hoy, sólo las completan populares y socialistas, aunque no por ello haya que desdeñar a otras formaciones que tienen mucho que decir, máxime si el bipartidismo sigue perdiendo fuerza en favor de formaciones minoritarias que, de momento, van creciendo o se mantienen. Con esas perspectivas, sólo partiendo de la base de un mínimo común se podrá avanzar en el nuevo modelo. Modelo que, pese a la propuesta de ayer del Consell, difícilmente incluirá la financiación autonómica y el Estado federal, porque se topará de bruces con la oposición de sensibilidades bien diferentes, no sólo de otras formaciones políticas sino de otras comunidades autónomas. Como declaración de intenciones, como ejercicio político para resaltar los principios del Pacto del Botànic, puede servir. Como punto de partida para comenzar a negociar la reforma constitucional no parece muy pragmático.
