España conmemora hoy el trigésimo noveno aniversario de la Constitución Española de 1978. Nuestra Constitución es un gran acuerdo político entre todos los españoles. Un acuerdo que ha posibilitado la extensión de los derechos y libertades, el progreso económico individual y colectivo, el desarrollo social, educativo y cultural y sobre todo la convivencia democrática, basada en el pluralismo político, en el diálogo, en el respeto y en la tolerancia.

Bajo el imperio de nuestra norma fundamental nos hemos convertido en una democracia estable y en un país europeo, avanzado, moderno y abierto al mundo. Un país en el que hemos sido capaces de cerrar nuestras heridas superando una guerra civil y una cruel dictadura; hemos protagonizado una Transición política ejemplar; nos hemos integrado plenamente en ese anhelado proyecto que es la Unión Europea; hemos logrado poner fin a la lacra del terrorismo etarra; y, hemos conseguido un notable grado de desarrollo económico y social, pese a que todavía es insuficiente para alcanzar las cotas de bienestar y prosperidad que garanticen los ideales de justicia social de la mayoría.

Aunque, indudablemente, el mayor logro de nuestra Carta Magna ha sido sentar las bases para la convivencia democrática durante cuatro décadas y favorecer el periodo más largo de paz, libertad, prosperidad, estabilidad y cohesión social y territorial de la Historia de España.

Sin embargo, como todos sabemos, en los últimos meses se ha desencadenado la crisis de Estado más grave desde el frustrado intento de golpe de Estado de 1981, como consecuencia de la decisión política de llevar a cabo la Declaración Unilateral de Independencia por el gobierno de Cataluña y por el en ese momento president Carles Puigdemont, incumpliendo flagrantemente la legalidad constitucional y estatutaria.

Una crisis realmente preocupante, que ha puesto en riesgo la integridad territorial de nuestro país, que está teniendo consecuencias socioeconómicas nefastas para los catalanes y que ha generado escenas y momentos muy dolorosos para un país que ama la paz y la libertad; y para cuya resolución no es suficiente ni la aplicación de los necesarios mecanismos coercitivos derivados artículo 155 de la Constitución, ni la convocatoria electoral del próximo 21 de diciembre, ni el mero transcurso del tiempo.

La crisis territorial sólo se resolverá con un nuevo acuerdo político que reforme el vigente modelo de organización territorial, que favorezca el encaje de Cataluña en España y que permita retomar la idea de la España unida y diversa a la vez. Acuerdo éste que a todas luces se ha de concretar en una reforma constitucional del modelo territorial.

Y aunque las encuestas evidencian que hay una amplia mayoría social que considera necesaria la reforma constitucional, hay formaciones políticas que la creen necesaria y están dispuestas a trabajar para ello, y tenemos noticias de que se ha creado en el Congreso de los Diputados una Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico. Sin embargo, hoy por hoy, no tenemos certeza sobre si finalmente habrá o no reforma constitucional porque el Gobierno y su presidente, Mariano Rajoy, siguen mostrándose remisos a impulsar la reforma constitucional.

Leía hace unos días, en un documento llamado Ideas para una Reforma de la Constitución elaborado por un grupo de profesores de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo encabezado por Santiago Muñoz Machado, preocupados por la gravedad de las crisis institucional que vivimos, que la reforma constitucional «Es un procedimiento que debe normalizarse también en España, como lo está en los restantes Estados europeos. Las constituciones históricas españolas han solido acabar mal».

Seguramente se pronunciaban así porque la historia del constitucionalismo español ha sido más dada a los finales convulsos y abruptos que a las reformas constitucionales. Por ello, plantean con vehemencia que hay que «desterrar el miedo a la reforma constitucional».

En mi opinión están en lo cierto. Considero que no hay que tener miedo a la reforma de nuestra Constitución; y que la mejor forma de defenderla es promover una reforma con espíritu de concordia y de consenso, desde el diálogo y la generosidad política. Adaptándola a los cambios que España ha experimentado en estos 39 años y preparándola para los complejos retos colectivos, que no sólo tienen que ver con la crisis territorial.

Y aunque la reforma deba hacer frente al elemento territorial, que no sólo es la cuestión catalana, ha de abordar necesariamente la constitucionalización de los servicios públicos del Estado del Bienestar esenciales para la cohesión social, la dependencia, la sanidad y la educación.

En definitiva, considero que, en una celebración tan importante como la de hoy, debemos rendir homenaje a nuestra Carta Magna, y a todas las personas que fueron los artífices de aquel gran acuerdo político. Pero también debemos reflexionar sobre la necesidad y conveniencia de renovar ahora nuestro pacto de convivencia, reformando la Constitución, con la finalidad de abrir un nuevo periodo que garantice un futuro de paz, estabilidad, progreso, prosperidad y libertad, en una España unida y diversa a la vez y basada en la igualdad de todos los ciudadanos.