Opinar sobre actuaciones judiciales es posible e inevitable en una sociedad democrática. Pero, hacerlo ignorando la ley y anteponiendo criterios que se oponen a ella u obviando su existencia y vigencia, conduce a situaciones peligrosas para el Estado de Derecho.
La oportunidad, propia de la política, no es compatible con la legalidad y generalidad, elemento esencial en el Derecho que, a su vez, es condición de la imparcialidad de los tribunales, aunque sus resoluciones muchas veces nos desagraden, no nos convengan o sean, lo que sucede también, jurídicamente discutibles o erróneas.
Aunque a este tema quiero pronto dedicar unas reflexiones más profundas, parece poco discutible que el momento presente se caracteriza por la presencia de un agudo pesimismo alimentado desde la crítica mordaz, absoluta y sin base muchas veces. Frente a la realidad que siempre contiene aciertos y errores y que exige moderación y honradez para reconocer lo positivo, detectar lo negativo y ofrecer alternativas rigurosas, hoy, la política y la comunicación en general se asientan en la transmisión de imágenes que representan con absoluto desprecio a la verdad el pesimismo y el derrotismo. Cualquier error o fallo parcial sirve para desacreditar el Estado y sus instituciones, la democracia y la sociedad en su conjunto. Todo es objeto de repulsa absoluta. De ahí que los argumentos carezcan de sentido y eficacia, pues el mensaje que prima es el ataque visceral y la sospecha permanente de todo y de todos. Generar sentimientos primarios normalmente poco constructivos.
En esta línea cabe situar los comentarios de la prensa de la última semana, atacando a la Audiencia Nacional y a sus integrantes sobre la base de simples conjeturas periodísticas, que el PSOE ha asumido, entrando en una espiral peligrosa para un partido de gobierno. Una sospecha y un golpe certero al Poder Judicial sin base alguna en la ley, pero que ha servido para sembrar desconfianza donde nada se ha infringido legalmente para hacer surgir ese sentimiento gratuito y fruto del desconocimiento, de la mala fe o, simplemente, de la anteposición de la obtención de beneficios a la verdad y la ley.
La Sección Segunda de la Audiencia Nacional, como consecuencia de un cambio en su presidencia, ha establecido nuevas normas de reparto entre sus componentes, hecho normal cuando los tribunales se integran por más de tres magistrados y que tienden a evitar toda manipulación. Normas de reparto que son reglas objetivas y previas que impiden la determinación de una composición preestablecida. Criterios claros y no disponibles tendentes a evitar, precisamente, la alteración de los tribunales por razones de otra naturaleza.
Las nuevas normas de reparto, ordinarias y normales en casos de modificación de la composición de un tribunal, han dado lugar a que un nuevo proceso, el de los llamados «papeles de Bárcenas», corresponda a unos magistrados diferentes a los que conocieron el referido al caso Gúrtel, que no es conexo, no se olvide, sino independiente procesalmente de aquel, pues si lo fuera se hubiera tramitado conjuntamente con el anterior. Pretender que sea el mismo tribunal el que conozca de dos asuntos no conexos y que se conviertan en tales por la vía de hecho, como pretenden algunos medios de comunicación y el PSOE, es un exceso y un ataque a la legalidad.
Curiosamente, ni a la prensa, ni al PSOE, se le ha ocurrido analizar si la ley obliga a que dos asuntos no conexos, aunque tengan relación entre ellos, deban ser conocidos por el mismo tribunal e idénticos componentes, es decir, si existe alguna norma que obligue a ello y que haya sido infringida. Porque, de no existir dicha norma, la censura y la crítica habrá de decaer y los comentaristas ser censurados por su ignorancia y arrojo.
Pues bien, según la ley vigente dos procesos no conexos, como es el caso, no han de ser obligatoriamente conocidos por el mismo tribunal y menos por los mismos magistrados. Y no existiendo el presupuesto del que se parte, la sospecha de manipulación decae y la noticia se convierte en simple chisme, pero de gravedad manifiesta, pues busca perturbar la independencia judicial al precio que sea y someter la ley a las conveniencias de quien sea en cada caso.
Más me atrevería a decir. Frente a la pretensión que se ha vendido, de existir alguna norma al respecto, ésta debería ser exactamente la contraria a la predicada. Creo que habría que impedir que, cuando dos asuntos tuvieran algún tipo de relación fáctica, el mismo tribunal los enjuiciara. La razón es sencilla, evitar la influencia interna o subjetiva de los magistrados que conocieron de hechos determinados en un proceso previo. Que un juez lleve a un proceso un conocimiento adquirido extraprocesalmente, en otro proceso, constituye un riesgo que debe ser legalmente impedido.
A la vista de la normativa procesal vigente, parece que la sospecha de parcialidad ha de hacerse recaer en quienes airean presuntas manipulaciones que harían bien en informarse antes de atacar a un Poder Judicial, el español, digno de respeto, aunque muchos se hayan empeñado en ensuciar su imagen y destruir su auctoritas. Ellos, los sembradores de sospechas son los sospechosos.
