Llegó la aprobación del cupo vasco, con populares y socialistas coincidiendo con el voto podemita y apoyados en la abstención batasuna. Extraños compañeros de viaje, unidos por el interés de que Navarra y el País Vasco disminuyan su aportación al fondo común. Solo Ciudadanos y Compromís se han resistido al acuerdo unánime de priorizar a unos españoles sobre otros. Mientras tanto, el 94% de la población de este país sigue a la espera de conocer cómo se financiarán sus comunidades autónomas en los próximos años. Habrá que darle la razón el ex primer ministro francés, Manuel Valls, cuando considera que deberíamos preguntarnos qué es ser español. Sí, porque uno ya se va perdiendo.
Vaya por delante que actualizar el concierto vasco es una obligación contemplada en la Constitución. Esta es la justificación que esgrimen quienes han votado a su favor en el Congreso de los Diputados. Cierto es que se trata de cumplir un precepto constitucional, aunque bien podrían conceder la misma atención a otros de mayor trascendencia, como el derecho al trabajo o a una vivienda digna. Y puesto que éstos no se cumplen, tampoco conllevaría mayor problema que el cupo vasco se hubiera revisado al mismo tiempo que el sistema de financiación del resto de las comunidades. Bastaba con eso, aunque solo fuera por una cuestión de respeto a todos los españoles.
Es obvio que el tiempo apremia y que Rajoy precisa del apoyo del PNV para aprobar los presupuestos generales de 2018. Como sería lógico esperar, esta es la razón por la que la financiación de las dos comunidades con foro propio tenía que ser aprobada de manera urgente y sin resistencia. Es comprensible. Lo que ya no tiene tanta justificación es el desinterés de Montoro por cerrar un nuevo sistema de financiación, que pudiera ser aprobado con anterioridad al próximo año. A fuerza de dilatar el proceso y bien arropado por el conflicto catalán, el ministro ha cumplido nuevamente su objetivo de no revisar las fuentes de ingresos autonómicos. Eso sí, promete que será el próximo año. Uno más.
Con la que está cayendo, parece aconsejable evitar cualquier acción que pudiera dar fuelle al nacionalismo populista. Por este motivo es inadmisible que, cuando aún no se acordado un sistema de financiación que elimine la manifiesta injusticia del actual, se agranden más aún las diferencias ya existentes. Disminuir la aportación de las comunidades forales a los gastos generales del Estado es difícilmente comprensible en el actual escenario económico, por mucho que empecemos a sacar cabeza después de la crisis. La situación no se asemeja ?ni de lejos- a los años de bonanza económica y, en consecuencia, no hay quien entienda que la contribución de vascos y navarros tenga que disminuir. Una decisión que, por otra parte, constituye un gesto de desprecio a esos 44 millones de españoles que seguimos a la espera de que se revise un instrumento de gestión de tanta trascendencia.
Sería aconsejable que los gobiernos autonómicos que sufren el sistema actual ?ojo, que apenas son cuatro y no todos- trasmitieran a la población, de una manera más didáctica y eficiente, cómo afecta el problema en la vida cotidiana. Algo más de pedagogía social nos vendría muy bien, como medio para afrontar la vuelta al centralismo que algunos presentan como solución mágica a las lógicas tensiones interterritoriales. Las administraciones autonómicas y locales son las que rigen el día a día de los españoles. Desde las listas de espera en la sanidad hasta la limpieza en las calles, la mayor parte de lo que habitualmente necesitamos de los poderes públicos está gestionado en esos dos niveles. Es obvio que, sin una financiación que cubra las necesidades, se hace imposible recibir los servicios que se precisan. Y así hay que transmitirlo.
Con la aprobación del cupo vasco, anticipándose a un nuevo modelo de financiación para el resto de comunidades, se evidencia que nada ha cambiado. En virtud del trato recibido desde el gobierno central, sigue corroborándose la distinción entre españoles de primera y de segunda clase. Incluso existen los de tercera que, como los valencianos, siendo pobres aportan en vez de ser compensados. Cuando el objetivo es que la solidaridad entre comunidades facilite alcanzar la equidad en todo el país, se hace inadmisible que vascos y navarros vean incrementada su financiación autonómica. Se trata de dos de las tres comunidades más ricas y, al mismo tiempo, las que reciben mayor financiación. Duplicándonos en el PIB per cápita, los ciudadanos de ambas regiones perciben más del doble de la cantidad que corresponde a cada valenciano. Extraña redistribución de la riqueza ¿no creen?
Una crítica habitual de los catalanistas ?tan acertada que es obligado compartirla- se centra en que, mientras algunos pagan por ser parte de España, otros cobran por ello. En principio, esta situación no deja de ser el resultado lógico de la necesaria solidaridad interterritorial. Sin embargo, acaba por ser incoherente cuando solo son cuatro las regiones que soportan el peso de las necesidades de las otras 13 comunidades autónomas. Cataluña, Madrid, Baleares y, muy especialmente, la Comunidad Valenciana aportan más de lo que reciben; el resto, a cobrar. Eso sí, unos por motivos justos, como son quienes menos tienen; otros, sin embargo, ricos y ganando más. País Vasco y Navarra encabezan el ranking y por ello genera mayor repulsa la aprobación del cupo en estos momentos. De entre los cuatro donantes, solo los valencianos estamos en el grupo de cola de la riqueza. Ahí seguimos, siendo los hijos tontos del sistema.
La cuestión estriba en ser parte del todo y no rivalizar con nadie. Por el momento, bastaría con ser tratados como españoles de igual categoría, sin desprecio. Tampoco es mucho pedir.
