Los ciudadanos de esta Comunidad se encuentran sumidos en la desazón, día tras día, cuando desde hace ya años ven cómo las reivindicaciones para lograr una nueva financiación autonómica caen en saco roto. El último conseller de Hacienda del PP y actual delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues, ya enarboló en 2014 la bandera de la infrafinanciación y de la justicia distributiva al tiempo que instaba a una reforma de un modelo que agudizaba gravemente la crisis económica y financiera que por aquel entonces azotaba nuestro territorio. Tras el cambio de inquilino en el Palau de la Generalitat, Ximo Puig y Mónica Oltra recogieron el testigo e institucionalizaron los argumentos que proclamaban desde la oposición y que también defendían sus antecesores en la Generalitat. Han pasado ya cuatro años desde que caducara el modelo y el estado de la situación no es que siga como antaño, sino que ha empeorado muy ostensiblemente. El endeudamiento crece sin freno al ser la única opción posible para poder garantizar el acceso a los servicios básicos de la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales y el futuro se sigue contemplando desde las tinieblas de una situación que, pese a las promesas, continúa sumido en la más absoluta oscuridad. Las palabras de Rajoy y Montoro, anunciando la intención de abordar esa reforma de la financiación antes de que acabara el año, supusieron un halo de esperanza, truncada nuevamente cuando ayer conocimos el acuerdo del cupo vasco y el enésimo incumplimiento de ese compromiso. Hablan los politólogos de estrategias parlamentarias, de necesarios apoyos para aprobar los presupuestos de 2018, de la situación de Cataluña, pero los ciudadanos de esta tierra alejados de las componendas tacticistas se sienten olvidados y agraviados. Muy agraviados.
