La perspectiva histórica suele ser clave para el análisis político. El Fondo de Cooperación -una partida para compensar a los municipios por desplegar competencias que, en realidad, no les corresponden- fue un acuerdo que se tomó en la asamblea que la Federación Valenciana de Municipios celebró en 1999 con la firma unánime de todos los partidos políticos y del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, militante en aquella época y ahora del PP, como el actual gobierno de la Diputación de Alicante. Bajo mandato de Francisco Camps, del que César Sánchez fue asesor, el fondo se incluyó en la nueva Ley de Régimen Local de la Comunidad. Así que lo que hizo el gobierno de Ximo Puig el año pasado fue ejecutar una promesa electoral incumplida del PP. Así de claro. La negativa de la Diputación de Alicante era, por tanto, una enmienda a su propia herencia para actuar como oposición al Consell perjudicando a los municipios alicantinos, que ingresaron la mitad de dinero por este fondo que los del resto de la Comunidad. Ahora cede la Diputación: más de un año perdido. Para este viaje, desde luego, no hacían falta tantas alforjas.
