Durante la legislatura pasada, la avalancha de sumarios por corrupción que afectaron al PP de norte a sur de la Comunidad Valenciana llevaron a la entonces oposición de los socialistas y Compromís a exigir una dimisión por cada imputación. Sin mirar más allá. Ni la profundidad de la investigación. Ni la gravedad de los hechos. Una estrategia que, a su vez, los populares repitieron de forma milimétrica allí donde pudieron. Llegando al punto que, en las dos últimas elecciones generales, la dirección provincial del PP, ya con José Císcar como presidente, hizo firmar un documento a sus candidatos a diputados en el que se comprometían a dimitir en el supuesto de que fueran imputados. Puro postureo. Sólo se pide la dimisión del adversario político mientras que se disculpa siempre la responsabilidad de los propios militantes. Ya saben: ver perfectamente la paja en el ojo ajeno pero sin embargo obviar la viga en el propio.
Aplicando esa doble vara de medir hace que el listón tan alto que se pusieron al final los partidos por intereses puramente tacticistas, sin embargo, no se pueda mantener. Con lo que al final todos quedan en evidencia. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, lleva semanas pidiendo la dimisión del alcalde Gabriel Echávarri. Lo ha hecho después de cada una de las dos imputaciones que arrastra el primer edil de la capital. Ayer, sin embargo, los dos líderes del PP en Alicante -el presidente de la Diputación, César Sánchez, y el mencionado Císcar- no hicieran lo mismo con el alcalde de Crevillent y también vicepresidente de la institución provincial, César Augusto Asencio, imputado por tres delitos -prevaricación, contra el medio ambiente y cobro injusto- como consecuencia de su gestión municipal. Lo que no quiere el PP para el Ayuntamiento de Alicante, lo tolera por contra en el equipo de gobierno de la Diputación, en el que conviven ya tres imputados: el propio Asencio junto a otro vicepresidente como Eduardo Dolón o el diputado Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.
Queda desmontado de esta manera, por la vía de los hechos, el discurso del PP pero también el de los socialistas. Durante los años de gobierno popular, los dirigentes del PSPV ligaban de forma automática imputación a dimisión. En público intentan ganar tiempo para Echávarri asegurando ahora que se debe esperar a la apertura de juicio. En privado, sin embargo, admiten que, en el caso de que el alcalde de Alicante fuera de cualquier otro partido y acumulara dos imputaciones, pedirían su renuncia. Una diferencia de criterio que debilita el discurso del PSPV. Ayer mismo, de hecho, el portavoz en la Diputación y nuevo secretario general de los socialistas en la provincia, José Chulvi, aplicó esa nueva línea roja para rechazar la dimisión del popular Asencio por su imputación a raíz de la gestión en Crevillent. Incoherencias en estado puro. A izquierda y derecha.
