Con el presente informe se pretende demostrar que: a) Los pobres sufren violaciones de sus derechos civiles y políticos de forma desproporcionada y distinta, en comparación con los demás» dice el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos Philip Alston, en el análisis que ha presentado el mes pasado a la 72 Asamblea de la ONU, y añade, «b) Los agentes de derechos humanos y del desarrollo reconocidos hacen caso omiso de sus derechos civiles y políticos de forma más o menos sistemática; c) La situación que ello genera socava, de forma crucial y muy problemática, el principio de indivisibilidad de todos los derechos humanos; y d) Las comunidades para los derechos humanos y el desarrollo deben incorporar cambios de gran alcance para velar por que el respeto y la promoción de todos los derechos humanos de quienes viven en la pobreza.» (A/72/502).
Los más pobres se ven afectados de forma desproporcionada y peculiar por obstáculos prácticos y jurídicos al ejercicio de su derecho a la participación política. En general los estudios hacen referencia al ejercicio de los derechos en función de sexo, edad, raza, etcétera, pero pocas veces se hace en relación con los niveles de ingresos. Se mide la pobreza en relación con el nivel de ingresos, el famoso nivel de referencia del Banco Mundial de 1,25 dólares, actualmente 1,90 dólares, al día para determinar si alguien vive en situación de extrema pobreza, «tras lo cual se buscan soluciones encaminadas a aumentar el ingreso disponible en lugar de restaurar los derechos básicos». El informe constata diferencias en la tipificación de las actividades de los pobres -desde la pena de muerte hasta la política en materia de drogas-; en el acceso a la justicia -fianzas, costas, defensa,etcétera- ; limitación en el acceso a lugares públicos; y, sobre todo, el menoscabo del derecho a la participación política. «El ejercicio del voto puede verse minado por su preocupación por las dificultades para subsistir, enfermedades, colas largas y problemas para inscribirse. Aunque esos factores no son exclusivos de los pobres, sus repercusiones son mayores, pues es más frecuente que su empleo sea precario (con lo cual les cuesta más sacar tiempo para votar), tienen menos acceso al transporte (para llegar a las mesas electorales), suelen presentar un nivel de estudios inferior (con lo cual aumentan las probabilidades de que encuentren problemas administrativos en el marco del proceso de votación) y se ven afectados con más frecuencia por problemas de salud (con lo cual es menos probable que acudan a votar)». Está comprobado que «las relaciones entre ingresos, educación y participación de votantes están bastante claras: la probabilidad de que vote alguien adinerado o con un nivel de estudios alto es muy superior a la probabilidad de que vote alguien más pobre o con un nivel de estudios inferior».
«Las instituciones formales son en gran medida ineficaces y de poca relevancia en la vida de los pobres». En los casos en que existen programas de asistencia dirigida, dichos programas contribuyen en algo a la lucha de los pobres por la supervivencia, pero no les ayudan a salir de la pobreza. «Los pobres se sienten humillados y privados de poder. En su interacción con los representantes del Estado los pobres se sienten impotentes, silenciados y frente a oídos sordos». Son las conclusiones a este respecto, de un estudio «La voz de los pobres», nada menos que del Banco Mundial. Está en línea con el clásico de Amartya Sen, «a pesar del aumento de la riqueza mundial se niegan las libertades básicas a un inmenso número de personas, quizá incluso a la mayoría» ( Desarrollo y Libertad. Planeta. 2000).
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU se ratificó que «el goce de las libertades cívicas y políticas y el de los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados entre sí y se condicionan mutuamente», pero su ratificación sin embargo se llevó a través de dos pactos. La atención se focaliza en los problemas ligados a las privaciones materiales y la falta de recursos. Hoy con el aumento de la riqueza, es frecuente pasar totalmente por alto los derechos civiles y políticos, en particular de los más pobres, que se excluyen expresamente del análisis o solo se mencionan de paso. La propia ONU reclama la indivisibilidad de ambos tipos de derechos: económicos, sociales y culturales, de una parte, y cívicos y políticos, de otra.
